Por más de cuatrocientos años la nación española mantuvo el poder colonial en la mayor parte de América. El imperio español, a medida que las colonias americanas se forjaban en naciones, comenzaron a mostrar el deterioro interno reflejando su inminente decadencia. Las luchas por la soberanía en la América Hispana concluyen con el surgimiento de nuevas naciones y con el expansionismo de los Estados Unidos de América (EEUU) que a pesar de ser producto del mismo colonialismo inglés, demuestra desde el comienzo sus intenciones imperialistas.
Puerto Rico, colonia española desde el 1493, y luego de acumular tres siglos como pueblo, se va definiendo como nación en el Siglo XIX, notándose esto en manifestaciones culturales, económicas y políticas en todo ese siglo. Ya en el 1868 con el «Grito de Lares» los puertorriqueños dan muestras claras de la lucha por su soberanía y su identidad.
A fines del Siglo XIX, España no parecía una nación que podía sostener su poder sobre las colonias caribeñas, ya sea por su menguado poder militar o por los cambios políticos que ocurren en el propio país europeo. Es la suma de estos factores y el temor de perder definitivamente la colonia, que la metrópolis concede un grado de autonomismo, luchado por los puertorriqueños desde el 1812 en las Cortes de Cádiz. España también reconoce la política expansionista de los EEUU y de su plan de convertir al Caribe un «gran lago estadounidense».
El 25 de noviembre del 1897, España nos otorga la Carta Autonómica reconociendo la personalidad jurídica del pueblo puertorriqueño. Es en ese momento histórico que se creo un gobierno y administración de carácter autónomo. Las decisiones que afectarían al pueblo puertorriqueño estarían sujetas a ser negociadas por ambas partes (España y Puerto Rico) y en esas negociaciones los puertorriqueños tendrían debida representación con iguales poderes. La Carta Autonómica le dio a Puerto Rico amplia jurisdicción en el aspecto fiscal y el libre comercio.
Y es en febrero del 1898, cuando precisamente cobraba vigencia la Carta Autonómica, cuando en el puerto de La Habana (Cuba) explota el buque de guerra Maine muriendo 260 marinos estadounidenses. La causante de esta explosión nunca fue explicada con exactitud, especialmente porque los restos del barco fueron hundidos en alta mar antes de hacerse una investigación imparcial. Este «incidente» fue utilizado para enardecer la opinión pública en los Estados Unidos especialmente por los periódicos nacionales de Pulitzer y Hearst, que favorecían la guerra. El Presidente McKinley, temeroso de dividir su partido Republicano y con la presiones de Theodore Roosevelt en el Departamento de la Marina, de Henry Cabot Lodge en el Congreso de EEUU y del general Confederado Fitzhugh Lee (cónsul en La Habana), precipitó la decisión de entrar en guerra con España (Guerra Hispanoamericana). El resto es historia y los Estados Unidos se apoderaron de Cuba, las Filipinas y de Puerto Rico como producto de ese conflicto. El primero de diciembre del 1898 se firma el Tratado de París donde se entrega Puerto Rico a los Estados Unidos como «botín de guerra». «La cesión que hace España a los Estados Unidos en el contexto de las negociaciones de París constituye un acto en derecho nulo. España no podía negociar con Estados Unidos la cesión de Puerto Rico sin contar con la voluntad del Gobierno Autonómico legítimamente constituido. Puerto Rico contaba, a la luz de la Carta Autonómica de 1897, con personalidad jurídica propia», explica Alejandro Torres Rivera, eminente abogado puertorriqueño. Esta opinión es y ha sido compartida por un número de extraordinarios juristas e intelectuales puertorriqueños. Los puertorriqueños ni fueron consultados, ni se le hicieron encuestas, ni se les respetó los acuerdos anteriores tomados con España, a pesar de que nada tuvo que ver la Isla con las causas de la guerra Hispanoamericana, quedando ésta a merced de los caprichos de los congresistas estadounidenses. Simplemente los puertorriqueños fueron bombardeados e invadidos, imponiendo sin titubeos un sistema que responde a los intereses de los Estados Unidos. El abogado Yamil Galib explicó ante una comisión del status las relaciones de EEUU con Puerto Rico de esta manera: «el Congreso recluta nuestras juventudes y las envía a la guerra, determina quienes pueden entrar y salir de nuestro territorio mediante las leyes de inmigración y emigración; mantiene aquí un tribunal federal que enjuicia a puertorriqueños bajo leyes federales, controla la radio y la televisión… Censura libros y obras de arte a través de sus agentes en las aduanas federales; controla nuestro comercio y nuestra economía… Mantiene un absoluto e increíble control sobre los fletes marítimos y aéreos…Interviene con exclusividad en las leyes sobre quiebra, naturalización y ciudadanía.
Mantiene poder ilimitado de expropiación de nuestras tierras y nuestras propiedades… Controla la delegación aérea y marítima. Dirige exclusivamente las relaciones exteriores. Nos lleva a la paradójica situación de que un país pobre compre a los precios del país más rico del mundo. No nos permite intervenir en los tratados comerciales que negocia EEUU con otros países aun en aquellos aspectos que nos afectan adver-samente. Controla correos y moneda». Por más de 40 años nos impusieron la enseñanza del inglés en todas las materias excepto el español en nuestro sistema escolar público. Pasaron 54 años antes de que se nos permitiera en asuntos oficiales el uso de la bandera puertorriqueña. Persiguieron, condenaron, sabotearon, inclusive asesinaron personas y movimientos que defendían la independencia del país. Nos impusieron la ciudadanía estadounidense en el 1917, precisamente en el año en que los EEUU hacen su entrada a la Primera Guerra Mundial. La ciudadanía impuesta fue aprobada aun ante la oposición del Comisionado Residente en Washington, Luis Muñoz Rivera y de la Cámara de Delegados de la Isla, presidida por José De Diego.
Expropiaron infamemente a buena parte de la población de Vieques, obligándolos a vivir achicados en el área designada por la Marina de Guerra de EEUU.
Todo esto sin consultar, sin llevar a elecciones, sin asambleas de pueblo, sin plebiscitos o referéndum. El Congreso y los presidentes de turno, tenían indudablemente el poder del mollero, la fuerza que le daba ser el guapetón del barrio y se impusieron, siempre con la ayuda de los impostores locales. A pesar de la brutalidad de esos embates el puertorriqueño, paso a paso, salió fortalecido, se le definió su carácter nacional.
Puerto Rico ha hecho un sinnúmero de esfuerzos ante el Congreso de los EEUU para resolver su situación colonial. En el 1952 se establece el Estado Libre Asociado pero siempre sujeto al poder del Congreso de los EEUU. El propio Muñoz Marín comparo la ley 600, que es la que rige las relaciones entre Puerto Rico y los EEUU desde el 1952, a «un estuche de cosméticos». Hoy 55 años después, la mayoría de los puertorriqueños están de acuerdo que el status político de la Isla sigue siendo uno colonial.
En Puerto Rico los gobiernos coloniales le han llevado al Congreso de los EEUU una variedad de peticiones para que estos consideren cambios a la situación colonial existente o para que esta se reafirme. En el 1959 se propuso el Proyecto Fernós-Murray el cual no prosperó. En el 1962 se propuso un plebiscito sobre el status que no tuvo consecuencias. En el 1964 el Congreso de los EEUU crea una comisión sobre el status que culmina en una propuesta más de llevar a cabo un plebiscito. Este se llevó a cabo en el 1967 y tampoco rindió frutos.
En los años del 1993 y 1998 se llevaron a cabo dos plebiscitos y estos no lograron resolver absolutamente nada. Ayer 23 de octubre del 2007 y ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes se repitió la burla al pueblo puertorriqueño. Una vez más se discutió entre los congresistas estadounidenses el futuro de Puerto Rico. La renuencia del Congreso de los EEUU a tomar una decisión respecto al status colonial de la Isla es obvia. Los intereses económicos, políticos y militares estadounidenses han prevalecido sobre cualquier solución a nuestra situación colonial. Una y otra vez los intentos de los partidos políticos han fracasado estrepitosamente ante la realidad de que al Congreso de los EEUU le importa muy poco lo que piensen los puertorriqueños. Esto ha sido harto demostrado. Los políticos oportunistas y los inocentones que han creído lo contrario se han arrastrado, se han doblado, han hecho genuflexiones de todas clases y sabrá que muchas otras cosas más para rogarle por unos segundos de atención a la mayoría de los prepotentes congresistas estadounidenses.
El pueblo puertorriqueño ha sido vejado, humillado, insultado y han tenido que regresar a la Isla del Encanto con lo mismo que vinieron: con nada.
El liderato anexionista que parece que sufre el síndrome de la mujer abusada, cada vez que regresa de una rogativa en Washington sale con el rabo metido entre las patas. Los tiernos autonomistas que se han inventado el fraude del Estado Libre Asociado, ya tienen callos en las rodillas de tanto humillarse en la capital estadounidense.
La independencia de Puerto Rico no es negociable. La libertad de los seres humanos no es para someterla a referéndum, plebiscitos, asambleas, elecciones o como lo quieran llamar. Ese derecho que lo han defendido con las garras del alma las demás naciones del mundo no es diferente para los puertorriqueños. Es necesario entender para donde vamos, tener claro cual es el camino y no comenzar a dar vueltas en vano para llegar a nuestro destino.
El tiempo de encaminarnos a tomar decisiones sin los temores que nos han paralizado por más de 500 años ha llegado.