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EL PERIÓDICO SEMANAL DIGITAL DE LA VOZ HISPANA DE CONNECTICUT

 
 

OPINIÓN

La Pena de Muerte

Por Miguel García

En los últimos años, el movimiento conservador de los Estados Unidos, ha iniciado una campaña a favor de la pena de muerte como solución a todos los problemas que confronta nuestra sociedad e irónicamente casi todos los líderes de las religiones conservadoras protestantes del sur del país han aplaudido la idea.
Hace unas semanas, Angel Maturino Resendiz, (el asesino de los rieles) fue ejecutado por medio de una inyección letal, se elevaron muchas voces, a favor y en contra de la ejecución. Tenemos que admitir que los crímenes cometidos por este sujeto, cuyas victimas oscilan entre las edades de 16 a 80 años, nos revuelven el estómago, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con su ejecución, no somos Dios, para quitarle la vida a otro ser humano. La teoría que un asesinato se debe pagar con otro, es errónea desde nuestro punto de vista.
En realidad se ha comprobado que el miedo a la muerte no disminuye en absoluto el índice de crimen. El criminal está convencido que nunca será atrapado, tiene la convicción de que lo que le sucede a otro no le sucederá a él, porque es inteligente.
Si analizamos nuestro sistema judicial nos podemos dar cuenta que dista mucho de ser perfecto, no es secreto que anualmente miles de criminales culpables son puestos en libertad, pero otro tanto de inocentes son condenados a largas penas de cárcel y quizás, en muchos casos, ejecutados.
Por otra parte,  el sistema judicial, comenzando con la Corte Suprema, está controlado por un segmento de la sociedad, dejando al resto en desventaja. Son los pobres, especialmente los miembros de grupos minoritarios, los que son enviados a la cárcel o a la muerte con más frecuencia, las estadísticas hablan por si mismas. Los pobres no pueden pagar abogados que cobran miles de dólares por hora, ni siquiatras que testifiquen que están locos o que sencillamente no saben distinguir entre el bien y el mal.
Los errores de juicio que cometen los jueces son otro factor para oponernos a la pena de muerte. Un ejemplo viviente es el caso de James Richardson de la ciudad de Arcadia en el condado de De Soto en el oeste de Florida. Hace 46 años, el señor James Richardson, un hombre negro, fue acusado de envenenar a sus siete hijos durante una fiesta de cumpleaños con el fin de de cobrar la póliza de seguros que los cubría. El señor Richardson fue condenado a la pena de muerte por un juez blanco de aquella región. Richardson apeló la sanción, siempre alegando su inocencia.
Durante la estancia en prisión lo maltrataron, humillaron y martirizaron mentalmente; en varias ocasiones le cortaron el pelo en preparación para su ejecución y hasta llegaron a sentarlo en la silla eléctrica.
La ejecución se fue posponiendo y James Richardson pasó 22 años en prisión, esperando el día que la descarga de la silla eléctrica pusiera fin a sus días, pero esto no sucedió. La niñera que cuidaba los niños asesinados, quien se encontraba en un asilo de ancianos, aparentemente agobiada por su conciencia, confesó que ella había envenenado  los niños.
Este uno de los muchos casos que demuestran las injusticias o errores que se cometen. Otro caso similar fue el de un cubano exilado en Miami, que estuvo 26 años en la cárcel por violación sexual, lo cual se demostró  que era falso y fue puesto en libertad.
La prueba del material genético Acido desoxirribonucleico (ADN o DNA en inglés) ha sido perfeccionada y es usada comúnmente por el abogado criminalista, especialista en la materia Barry Scheck, quien fue una figura clave en el juicio de O.J Simpson. Todos los años, miles de presos son puestos en libertad al comprobarse mediante la prueba de ADN que son inocentes.
Nuestro punto es que, si en vez de ser encarcelados hubieran sido ejecutados, la prueba de DNA sería inservible.


 

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