Los perseguidos por la WPCA luchan para mantenerse a flote

Por Paul Bass

Willie Jackson no recuerda haber olvidado ninguna factura del servicio de agua. Pero tampoco sabía que la Autoridad del Control de contaminación del agua se proponía, a través de una demanda judicial, quitarle su casa de la calle Munson. Luego de tres infartos, Jackson (en la foto) olvida muchas cosas.
“Nunca he oído hablar de esto”, dice mientras mira televisión en la sala de su casa. Su esposa, Elaine, es quien se ocupa de pagar las facturas –cuando puede-. Ella está perfectamente consciente que la WPCA les sometió a los tribunales este mes, con el propósito de incautar el hogar que la pareja tiene desde 1982, al lado de la antigua fábrica de armas donde William montaba rifles hace 43 años.
Los Jackson son parte de los propietarios afectados por la última ola de incautaciones lanzada por la WPCA. Desde 2005, esa agencia ha iniciado ese tipo de acción contra más de 135 familias residentes de New Haven.
La WPCA ha sido criticada por abogados que dan ayuda legal, por un juez estatal y por legisladores estatales por sus tácticas de cobro de deudas, que son más severas que las utilizadas por otras agencias. Por el otro lado, sus tácticas gozan del apoyo del alcalde John DeStefano, así como del diario New Haven Register, que publicó un editorial a favor de la WPCA la semana pasada.
La cuestión no es si la WPCA debe cobrar lo que le deben. Lo que se plantea es si esta agencia no debe hacer como la Autoridad del Agua, que se orienta hacia la corte de pequeños reclamos y, si es necesario, embargos preventivos, en lugar de buscar agresivamente incautaciones, lo que coloca a las familias afectadas, al borde de perder sus hogares.
Los concejales Carl Goldfield e Ina Silverman han solicitado una audiencia, para así tener una idea más clara acerca de cuales hogares están siendo afectados y por qué. Algunas de las propiedades afectadas son propiedad de inversionistas que no viven en la ciudad y las han abandonado o bien, se trata de caseros ausentes.
Pero otras de esas personas son como los Jackson, como Cisse Kay Washington, e Yvonne Hammonds –gente que trabaja y enfrenta dificultades con sus facturas médicas, préstamos del mercado secundario de hipotecas (subprime) y otras calamidades, en una época de crecientes embargos hipotecarios.
Washington, por ejemplo, comenzó a tener problemas cuando se redujo el volumen de actividad en su negocio de trenzado de pelo, que ella tiene en el primer piso de su cada de la avenida Dixwell. Ahora está en serios problemas porque la WPCA quiere incautarle su hogar, que tiene un valor de $260,000, por causa de una deuda atrasada de $793.10. Su abogado, Stephen Wizner, de la escuela de ayuda legal de la universidad de Yale dice que ella envió $200 para comenzar a pagar la deuda, que originalmente era de $993, pero que eso no fue suficiente para detener a la WPCA en su intento de embargo. (El abogado de la WPCA, Louis Crisci, no pudo ser localizado para que comentara sobre este caso).
Las tuberías se rompen
Yvonne Hammonds podría aparecer en un poster sobre la actual crisis del mercado secundario de hipotecas (subprime), pero ella no quiere que la retraten. Nos ha relatado los hechos que la han llevado a batallar contra la WPCA para conservar su casa.
Trabajadora de servicios ampliados para el Yale Child Study Center, Hammonds compró hace ocho años una casa en la avenida Shelton, en el barrio Newhallville. Ella vive en el segundo piso y su madre en el primero. Poco después de comprar, descubrió “desastre tras desastre en las tuberías”; tuberías oxidadas, mientras que escapes de agua dañaban las paredes.
Necesitó reparaciones de emergencia y así comenzaron a acumularse las facturas y comenzó a atrasarse en los pagos, incluyendo los del servicio de agua y alcantarillado. Intentó mantenerse al día. Ella alega que en una ocasión pagó $646 por un atraso a la WPCA, luego que esta le notificó de un embargo.
Intentando refinanciar, Hammonds descubrió que la mayoría de los prestatarios no la podían ayudar por que tenía problemas de crédito. Un prestatario del mercado secundario de hipotecas (subprime) sí lo hizo. Ella dice que se sentía confundida con los términos y sabía que la tasa de interés era alta, pero luego se dio cuenta que esa tasa era todavía más alta de lo pensado: 12.99%. Hammonds pensaba que su pago mensual sería de $2,014m cuando en realidad era de $2,400. “Estaba en un aprieto y de todas maneras, firmé”, dice.
Continuó atrasándose en los pagos, incluyendo lo de la WPCA. Pese a todo dijo haberse quedado “boquiabierta” cuando a principios de este mes, un sheriff se entregó los papales de embargo, sometidos por la WPCA. Ella no niega que deba dinero a la WPCA. Lo que sí alega es que los $646 que había pagado están incluidos en la factura que ahora le presentan por un monto de $1,789.04.
Hammonds se sintió todavía más confundida por el nombre de la compañía que aparecia como poseedora de su hipoteca: Mortgage Electronic Registration Systems Inc. of Ellington, pues nunca había oído hablar de ellos. Ella ignoraba que su hipoteca había sido revendida.
Aunque a la administración DeStefano no le ha interesado en vincularse a quienes son el blanco de la WPCA, la organización Neighborhood Housing Services (NHS) ha ofrecido sus servicios a Hamonds para ayudarla a “salir del hoyo”.
El Director ejecutivo de NHS, James Paley, alega que las tácticas de la WPCA pueden incluso conducir a la aparición de un nuevo tipo de prestamos abusivos en los barrios marginales.
Recuerda Paley que en los años 80 “prestatarios abusivos rastreaban el Registro comercial para encontrar a gente con pagos atrasados de sus casas y luego se lanzaban “en picada”, ofreciendo pagar todas las deudas y “consolidar” luego todos los pagos. A veces utilizaban tácticas de atemorizar a la gente, diciéndoles cosas del tipo, ‘usted sabe, usted pude perder su casa si Macy decide aplicar su poder de embargo’”.
Como resultado, prosigue Paley, acreedores que hacían lo que ahora hace la WPCA ahora, “pueden haber jugado un papel con personas que buscaba refinanciar sus casas con buenas hipotecas y, por temor de perderlas, terminaban tomando préstamos del mercado secundario de hipotecas (subprime)”
Problemas de salud y de trabajo
Problemas de salud y de trabajo mantienen a Willie y Elaine Jackson en el hoyo que ha llevado a acreedores como WPCA a querer quedarse con su hogar (en la foto).
Elaine Jackson dice que “trata por todos los medios de conseguir dinero” y había estado discutiendo un sistema de pagos cuando la agencia se presentó con la demanda judicial, que ahora agrega centenares de dólares adicionales en costos legales.
Su esposo, que está jubilado, sufre de alta presión, además de los tres infartos sufridos que le han reducido la memoria. Ahora está bajo un desfibrilador.
“Mi esposo (en la foto) tiene un ingreso fijo. Estaba enfermo. Además de las deudas, estuve fuera del trabajo por tres meses el pasado verano”. Ella es una profesora de categoría Head Start. Agrega que está cumpliendo con el plan de pagos de la WPCA y haciendo pagos adicionales para reducir la deuda. “Estoy haciendo lo adecuado”, dice.
Ecos desde la alcaldía y del hospital Yale-New Haven
El asunto de la WPCA trae a la memoria otros dos episodios relacionados con el cobro de deudas durante la era DeStefano.
El primero involucra la alcaldía, cuando esta vendió los derechos de retención por impuestos a una compañía de otro estado a cambio de un pago único en efectivo. Esa compañía, a su vez, pasó el cobro a una firma legal políticamente bien conectada, dirigida por el antiguo presidente del Concejo Municipal, el Demócrata Ed Marcus. Así, numerosos propietarios de sus viviendas, simplemente por comunicarse con la compañía para saber en qué punto estaban las cosas, se encontraron con que debían centenares de dólares, muchos de ellos personas mayores o viviendo con ingresos fijos. En la época, el alcalde DeStefano defendió las tácticas de Marcus, diciendo que la gente debe pagar sus deudas. (Un dato interesante: tanto el negocio de los derechos de retención por impuestos, como la conversión de la WPCA en agencia estatal, fueron ideadas como instituciones generadoras de recursos por Frank Altieri, quien fue jefe de presupuesto de DeStefano hasta que demasiadas controversias éticas le obligaron a abandonar el puesto).
El segundo episodio tiene que ver con el hospital Yale-New Haven. El hospital contrató a firmas legales para cobrarles a pacientes con deudas médicas, a veces pequeñas y embargarle sus casas. En un período de apenas siete meses, fueron iniciados 85 embargos, a veces contra empleados de la propia institución. El problema era el mismo que hoy se tiene con la WPCA: no se discute su derecho a cobrar sino el hecho de utilizar tácticas más agresivas que otras agencias. Por ejemplo, el hospital St. Raphael, solo inició 5 embargos en el mismo período de siete meses y se esforzó para ayudar a sus pacientes a pagar la deuda. En el caso de ahora, la Autoridad Regional del Agua (Regional Water Authority) no procede a iniciar embargos de la manera en que lo hace la WPCA. (El Director de la WPCA, Dominick DiGangi, señala que su agencia, a diferencia de la Autoridad Regional del Agua, no puede suspender el servicio).
DeStefano se mantuvo callado en el momento del asunto del hospital Yale-New Haven, pero no fue el caso de otros políticos. En fin de cuentas, Yale-New Haven prescindió de los servicios de la firma legal e instituyó una nueva política de cobros.
La posición de cada quien
Un juez estatal de embargos y abogados de ayuda legal han criticado a la WPCA, por utilizar tácticas más agresivas que otras agencias para cobrar, colocando a familias que ya tienen dificultades, en riesgo de perder sus casas en un tiempo de crisis. (Hasta ahora, la WPCA ha logrado que le paguen sin afectar el hogar de nadie, pero solamente después de crearle nuevas deudas, de tipo legal, a sus deudores, lo que les coloca en situación aún más frágil). Los concejales Bob Megna y Pat Dillon están tratando de ejercer presión sobre la agencia, para que modifique sus tácticas.
El jefe de la WPCA, DiGangi, dijo a The Independent que la agencia necesita actuar más agresivamente, con el fin de mejorar una tasa de cobro del 92%, que significa un costo de más de $1 millón, que entonces debe ser cargado sobre otras personas.
El alcalde DeStefano, repetidamente ha dicho que no tiene problemas con las tácticas de cobro. No ve razón alguna para examinar los casos de los deudores. En otras instancias, DeStefano ha dicho que desea ayudar a familias que enfrentan problemas de embargo, pero esta administración creó el actual problema cuando “parió” a la WPCA como entidad privada para así sacarle provecho financiero y llenar agujeros presupuestarios. También, la semana pasada, Robin Golden, miembro de la fuerza de apoyo para embargos del alcalde, dijo que ella no tiene previsto ocuparse del tema WPCA, que es probablemente el principal generador de embargos sobre el cual la alcaldía tiene alguna influencia.