La ciudad suspende a trabajadores por hablar en público

Trabajadora social Sharon Bishop

Por Paul Bass

La alcaldía de New Haven ha creado un nuevo tipo de crimen que se paga con el despido: hacer uso de la Primera Enmienda.
La administración de DeStefano ha notificado a dos empleadas de su departamento de servicios a los envejecientes, que piensa despedirles, entre otras ofensas, por hablar a la prensa y ayudar a personas mayores a hablar en público sobre el cierre de su centro.
Las dos empleadas en cuestión—Michelle Clary, directora del Centro para Envejecientes West River y la trabajadora social Sharon Bishop (en la foto), han sido suspendidas con disfrute de sueldo pendiente de una audiencia “preterminatoria” el martes próximo.
También fueron acusadas de esfuerzos no autorizados para economizarle dinero a la ciudad en la renta del centro para envejecientes.
Ambas se proponen luchar contra su despido. Igualmente lo hará Larry Amendola, presidente de su sindicato.
Amendola dijo el martes que: “Si hay algo mal en lo que hicieron Clary y Bishop, entonces el mundo no anda bien”.
El jefe del capítulo de Connecticut de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) llamó no solo a este caso, sino a la política de la ciudad de controlar los comentarios de los empleados a los medios de prensa, un extraordinario e inconstitucional pisoteo a los derechos de libre expresión.
Darcely Lynn Cobbs, quien es la Directora de Servicios a los Envejecientes de la ciudad, notificó el 16 de mayo a las empleadas sobre la audiencia de preterminación el 27 de mayo, en la cual la ciudad habrá de “determinar” si es factible continuar su relación de empleo.
Las quejas de Cobbs provienen de una audiencia pública del Comité de Finanzas del Concejo Municipal, celebrada el 15 de mayo. La audiencia discutía los próximos cortes presupuestarios de emergencia. Clary y Bishop asistieron con miembros del Centro para Envejecientes West River, el cual está previsto que sea cerrado como resultado de los cortes. Los envejecientes hablaron en la audiencia a favor de mantener el centro abierto (en la foto).
Esta noticia fue publicada la mañana siguiente en el New Haven Independent. Y a Cobbs eso no le agradó.
En el artículo se cita a Sharon Bishop diciendo que el cierre “es algo muy triste”. Ella llamó al centro “una familia… Ese lugar está lleno de tanto amor”. Eso tampoco agradó a Cobbs. Ella señaló esto como el punto 4to de las faltas enumeradas en su carta a Bishop.
Cobbs escribió “el miércoles 14 de mayo de 2008, usted dio declaraciones verbales no autorizadas a la prensa (New Haven Independent digital), las cuales fueron en directa violación de la política del protocolo de las relaciones con los medios de prensa de la ciudad de New Haven. En diciembre de 2007, todo el personal del Departamento de Servicios a los Envejecientes recibió una copia de esta política”.
“Además, en el transcurso de nuestra más reciente reunión de personal, celebrada el 9 de mayo de 2008, yo discutí claramente con todo el personal (usted estaba sentada al lado mío) que no habrían comentarios a los medios en lo absoluto y que todas las solicitudes de declaraciones debían ser filtradas a través de la oficina de Jessica Mayorga, Directora de Comunicaciones de la Alcaldía de New Haven”.
Bishop cometió también una falta que en un punto aparte, Cobbs calificó como “información adicional proporcionada a los medios”.
“Usted proporcionó copia de la carta del (propietaria del centro) a Melissa Bailey, reportera del New Haven Independent, la cual fue posteriormente citada en su periódico digital”.
La carta detallaba otro conjunto de quejas: Por ejemplo, que Bishop sostuvo una conversación con la casera del centro en un esfuerzo por evitar el cierre del centro situado en el 1562 de Chapel St. Bishop “discutió con ella y le exhortó a bajar la renta del local, en un esfuerzo por motivar a la Ciudad de New Haven a mantener el centro abierto. Este comportamiento no solo cae fuera de los parámetros de sus funciones como parte del personal del departamento, si no que también socava mi autoridad”.
Conforme a la carta de Cobbs, otro tema vedado a un empleado de la ciudad: “Usted ha incitado a los miembros del Centro West River a que comuniquen sus preocupaciones” a Audrey Grava, la casera.
La carta de Cobbs a Michelle Clary, la directora del centro, repitió los cargos sobre el intento de negociar un acuerdo para mantener el centro abierto y organizar a los envejecientes para que hablaran, según Amendola, el presidente del sindicato. Clary declinó comentar.
El martes se preguntó a Cobbs (en la foto) sobre las implicaciones de disciplinar a los empleados por hablar a un reportero en una reunión pública o estimular a los contribuyentes a hablar en público.
Cobbs dijo “realmente no estoy en libertad de hacer comentario alguno. No puedo hacer ningún comentario que pueda ser publicado en el Independent”.
De manera similar, Mayorga, vocero de la alcaldía, dijo que ella no podía comentar porque este es un caso abierto. La carta a Bishop detalla también dos cargos no relacionados de conducta inapropiada en el lugar de trabajo, incluyendo “comportamiento ruidoso y bullicioso” en una actividad pública. Bishop negó el martes los alegatos de conducta no apropiada.
Parece ser que estos alegatos están destinados a ser asumidos por el precedente mayor que la ciudad está estableciendo sobre el derecho a la libre expresión de los empleados.
Mayorga anunció el pasado noviembre una nueva política de la ciudad, que supuestamente requiere a todos los jefes de departamento consultar con ella antes de hablar con la prensa.
Según Andrew Schneider, director ejecutivo de ACLU de Connecticut, otras agencias gubernamentales han tratado periódicamente de instituir tales políticas, solo para verlas anuladas en los tribunales.
Este dijo el martes que: “Existe un problema con esta política de que todo tenga que funcionar por vía del portavoz. He sabido de agencias que trataron de hacer eso. Cuando fueron desafiadas, ha sido declarado inconstitucional”.
Schenider dijo, “El impacto intimidante de tener los empleados que preguntar al portavoz para tener derecho a ejercer un privilegio básico crea un escalofriante efecto que solo puede ser descrito como una explosión ártica”.
“Claramente que este es un problema de la Primera Enmienda, basado en la creencia de que en una sociedad libre y democrática, el público tiene el derecho de saber cómo operan las instituciones. El hecho de que un centro para envejecientes vaya a cerrar es de la incumbencia del público. Los empleados tienen derecho a expresar su opinión”.
Amendola, quien es presidente del local 3414 del sindicato, dijo que estaba indignado por las implicaciones sobre la Primera Enmienda en las cartas de Cobbs y prometió que no será amordazado por la administración.
Dijo Amendola, quien trabaja para el departamento de parques, que “si usted viene a mí para una declaración, voy a hablar. En cuanto a mi respecta, la política es inapropiada”.
En cuanto a los empleados tratar de ayudar a los envejecientes a salvar su centro, “en lo que a mi respecta, no es inapropiado”, dijo Amendola. ¿Cuál es el propósito?, salvar el centro, para salvar a los envejecientes”.
La presidenta del Centro West River para Envejecientes Mary Jane Simmons dijo que las suspensiones, al igual que el propuesto cierre del centro le hacen sentir “triste”.
“Nos gusta el lugar. Queremos a Sharon. Y queremos a Michelle”, dijo Simmons. “No sé donde iré si logran cerrarlo”.