Representante estatal: “auxiliar judicial inventaba inquilinos”

Por Melissa Bailey

En la última queja formal presentada contra el auxiliar judicial favorito del alcalde, un representante estatal afirma que Peter Criscuolo se inventó a dos inquilinos, con el fin de aumentar las comisiones en un juicio de ejecución hipotecaria iniciado por la alcaldía.
El representante estatal Bob Megna, sometió su queja ante la Comisión Estatal de Auxiliares Judiciales (marshals). Megna acusó al oficial Criscuolo (en la foto) de cobrarle más de dinero debido cuando la alcaldía emitió una orden de ejecución hipotecaria sobre una propiedad que le pertenece.
La experiencia personal de Megna, como objetivo de una ejecución hipotecaria iniciada por la alcaldía, le incitó a averiguar acerca de cómo las firmas de abogados y los auxiliares judiciales manejan estos lucrativos casos en nombre de la alcaldía y a pensar en proponer una legislación estatal para limitar este tipo de comisiones.
Según Megna, los casi $500 recibidos por Criscuolo, incluyeron un pago por entregar copia del sometimiento a dos supuestos “inquilinos” que en realidad no viven en la casa. “Tenemos auxiliares judiciales y abogados acabando con la gente a golpe de comisiones. Eso tiene que terminar”, dijo Megna.
Esta es al menos la séptima vez que se producen sometimientos ante la Comisión en contra de Criscuolo a lo largo de su carrera negociando como contratista independiente. Las seis quejas anteriores fueron desestimadas o retiradas.
Mientras tanto, el concejal Jorge Pérez, ha propuesto legislar localmente para reformar la forma como la alcaldía pone las ejecuciones hipotecarias en manos de auxiliares judiciales políticamente bien conectados, como Criscuolo, quien es un recaudador de fondos del alcalde John DeStefano. A propósito del caso Megna, Criscuolo dijo el lunes que él no había hecho nada malo.
Criscuolo agregó, “desafortunadamente, hubo un error de su parte”. Dijo que esta semana enviará una respuesta por escrito a la queja de Megna, agregando, “estoy seguro que el señor Megna comprenderá cuando la vea”.
Megna admite que cometió una falta al no pagar un impuesto por una propiedad en la que invirtió en el 535 de Quinnipiac Ave. Megna dice que las facturas fueron enviadas a una propiedad desocupada. Como no las recibió dejó pasar el plazo que vencía el 1ro de enero. El 19 de mayo recibió nota de una ejecución hipotecaria y de inmediato pagó lo que debía.
Cuando se le preguntó a cuánto ascendía el daño, replicó que su factura de impuestos de $1,753 había sido duplicada, a la que se agregó un extra de $1,181 en comisiones. (Según declara Megna, Criscuolo le dijo “todos tenemos que comer”). Mena comenzó a averiguar para ver de dónde venían esas comisiones.
Megna dice “por eso pensé que de toda esa tremenda cantidad de dinero que se ganan en el proceso, ¿cuánto es realmente innecesario?”.
¿Inquilinos inventados?
La alcaldía contrató a la firma de abogados Dolan&Luzzi para que implementaran la ejecución hipotecaria. Esta firma, a su vez, contrató a su auxiliar judicial favorito, Criscuolo para que se ocupara del caso Megna. El año pasado, Criscuolo fue el único auxiliar judicial que hizo negocios con esa firma de abogados y, según los registros estatales, se ganó con esos abogados $51,358.
Encargado de entregar el sometimiento a las partes interesadas, Criscuolo hizo una averiguación sobre un inquilino y cobró $50. Consiguió dos nombres: Debbie Burgess y Jovannie Ortiz. Le envió una factura a Megna por hacerles entrega del sometimiento. El problema, según Megna, es que la casa estaba desocupada en ese entonces y nadie con ese nombre había vivido en la casa desde que él la compró en agosto de 2007.
Megna (en la foto) declaró, “no conozco a esa gente y nunca he oído hablar de ellas”. El edificio de tres pisos tenía dos inquilinos masculinos cuando lo compró. Megna inició un proceso de desalojo y ambos inquilinos se fueron.
Megna acusa diciendo, “Criscuolo o fabricó esos inquilinos para enriquecerse y aumentar sus entradas por comisiones o fue muy poco razonable al momento de determinar si efectivamente esos inquilinos vivían allí”. Megna agrega, “Criscuolo pudo haber tocado a la puerta y darse cuenta que la casa estaba vacía o haber revisado las facturas de servicios y darse cuenta que nadie vivía allí”.
Localizado el lunes, Criscuolo defendió su proceder. Dijo que personalmente fue a la casa luego que se le asignó el caso. “En ese momento, los nombres de los inquilinos aparecían en el correo y la caja de correos”. Dijo que tenía documentación del servicio postal de que había gente recibiendo correo en esa dirección, de manera que era lógico concluir en que había inquilinos allí. “No se trató de intentar hacer cosas incorrectas contra el Sr. Megna” dijo Criscuolo.
Según la oficina del recaudador de impuestos, Criscuolo se ganó un total de $468 en la ejecución hipotecaria, o sea, $50 por buscar a los inquilinos, $375 por entregar el sometimiento y litispendencia, y $43 por hacer pública la litispendencia. Ni la alcaldía ni la firma laboral entregó un análisis de las comisiones, pero Criscuolo dijo que él cobraba únicamente lo autorizado por el estatuto estatal.
Según la ley estatal, los auxiliares judiciales pueden cobrar $30 por entregar un sometimiento más $10 por demandante si están en la misma dirección. En una carta dirigida a la oficina dl alcalde, Megna preguntó por qué la alcaldía invierte dinero en costosas ejecuciones hipotecarias en lugar de contratar a un auxiliar judicial para que entregue el sometimiento. De haberse escogido la segunda opción, le hubiese costado a Megna solamente 15% de los impuestos debidos, o sea, $263. El auxiliar judicial lo hubiese localizado fácilmente y él habría pagado de inmediato lo que debía.
C. J. Cuticello, el recaudador local de impuestos replicó el lunes diciendo que su oficina hacia todo el esfuerzo por recaudar los impuestos antes de recurrir a la ejecución hipotecaria. Una vez que el abogado de Megna no puso la dirección de su oficina cuando se cerró la casa, la ciudad envió las cartas al 535 de Quinnipiac, en lugar de enviarlas al mismo Megna. Su oficina envió cartas a la casa en cuatro ocasiones diferentes y utilizó la prensa para informar cuando hay deudas de impuestos. Cuticello no pareció aceptar excusas de alguien que no cumplió con la ley, diciendo, “existe un área de responsabilidad pública que todo el mundo debe entender. Nosotros, en tanto que contribuyentes tenemos la responsabilidad de saber que los impuestos hay que pagarlos”.
Cuando el caso Megna llegue a la Comisión estatal de auxiliares judiciales, habrá una audiencia disciplinaria para determinar si procede algún tipo de castigo. Megna dice que en función del resultado considerará someter una legislación que garantice que los auxiliares judiciales sufran las consecuencias si no se rigen por la ley.