Francia acaba de hacer aprobar por su Congreso una nueva ley sobre inmigración. En 1983, François Mitterand, entonces presidente de Francia (primer y único socialista que ha ocupado esa posición en la llamada Quinta República inaugurada por Charles de Gaulle) dictó una ley de amnistía de los inmigrantes ilegales. Como puso un plazo para que estos regularizaran su situación, su alcance fue masivo porque miles de indocumentados que pululaban por Europa, se precipitaron a Francia, para estar sobre el terreno al momento de vencerse el plazo y así beneficiarse de la amnistía. Esa medida no resolvió el problema del flujo de indocu-mentados provenientes sobre todo de África y Europa del Este, pero tampoco lo empeoró, porque hoy no es mayor el porcentaje de indocu-mentados en Francia que hace 24 años. Es que el problema realmente no radica en los países receptores, sino en los de origen, donde las condiciones de vida, de creciente degradación, impulsan a millones a «buscársela» en otras latitudes.
Se sabe que la presión de quienes llegan, a veces resulta insoportable para quienes ya están, incluidos quienes en un pasado reciente fueron igualmente indocumentados. De manera lógica, el espacio potencialmente disponible para los recién llegados es el que ocupan los que menos tiempo tienen en las metrópolis. Por eso son diferentes tipos de tensiones los que se producen en las tierras tradicionales de asilo; pero mientras más rica la sociedad receptora, menos fuerte las presiones. Como se ve, también ese es un problema de dinero. ¡Increíble!, todo gira en torno a «don dinero».
El caso es que los franceses han adoptado una ahora una ley que incluye el examen del DNA para determinar paternidades o maternidades. Aunque la propuesta ha causado escándalo (el NY Times acusa a Francia de no haber superado los procedimientos de la época de Vichy), la realidad es que ya se practica en una docena de los países miembros de la Unión Europea. En los propios Estados Unidos, existe ese examen, aunque es opcional no obligatorio, entre otras cosas, porque en algunos casos, quienes lo han solicitado para tratar de ayudar a hijos e hijas, han descubierto, consternados, problemas de paternidad cuestionada.
Otro de los considerandos de la polémica ley (la izquierda opositora en Francia va a someter su legalidad ante el Tribunal Institucional), es el relativo a otorgar permiso de residencia a personas que obtengan trabajo en zonas donde hay dificultades de reclutamiento. Se trata, en la práctica, de una modificación circunstanciada a la regla, obligatoria para los extranjeros en numerosos países desarrollados, incluidos los Estados Unidos, de que los aspirantes deban esperar, para ocupar la plaza para las que se les quiere contratar, hasta ver si un nacional o residente legal no está interesado en la misma o no hay en el terreno una persona con las competencias requeridas. Ya el español Rodríguez Zapatero «bregó» con algo similar y parece que el resultado no ha sido malo, puesto que otros le imitan.
En la práctica, en las sociedades desarrolladas se van creando nichos que responden a las necesidades de la producción pero para los cuales ha desaparecido el «entusiasmo laboral local». Por eso no es de extrañar que en Estocolmo, por ejemplo, la mayoría de los conductores de autobuses públicos sean africanos o que en Israel, sean filipinos quienes se ocupan de ayudar a personas de edad o minusválidos, o que en Estados Unidos sean hispanos quienes se ocupan de esa tarea. El aporte de esa mano de obra, entusiasta y barata, facilita enormemente el enriquecimiento de las sociedades receptoras.
En todo este tejemaneje de las migraciones hay otro aspecto, de gran importancia y que quizás no es ponderado debidamente y la medida en que los migrantes contribuyen a la relativa estabilidad económica de las sociedades de origen. Por ejemplo, según un estudio del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, que es una agencia de la ONU con su sede en Roma, el año pasado los aproximadamente 150 millones de migrantes de todo el mundo, enviaron de vuelta a sus países $301 mil millones de dólares en remesas. De acuerdo con el estudio, alrededor de un 10% de la población del mundo depende de esas remesas.
Eso es enorme y en algunos casos, como en El Salvador, los más de $3 mil millones que envían sus emigrantes anualmente, representan el 18% del Producto Interno Bruto (PIB). Las remesas son así, un medio para solucionar problemas cotidianos en numerosas comunidades. Pero los organismos internacionales, sin embargo, se muestran escépticos al valorar el efecto de las remesas pues estas tienden, dicen ellos, «a crear sociedades de asistidos» en los países de origen y a despertar impulsos migratorios que afectan el desarrollo potencial de esas sociedades.
Más o menos así debe ser, pero esas disquisiciones difícilmente le resuelvan el problema a nadie, a comenzar por los 12 millones de indocumentados que mientras tanto producen riqueza para Estados Unidos y contribuyen significativamente a paliar las carencias en sus países de origen.