Atrapados entre el “Morovehículo”, el Seguro Social, el DSS y los Pseudo – Líderes

Esto no es de ahora. Hace más de medio siglo que los puertorriqueños fundadores de esta ahora llamada comunidad hispana llegaron a Hartford. Entre los obreros agrícolas del tabaco y algunos líderes naturales con doña María Sánchez a la cabeza, pusieron las bases para este asentamiento que llevó como primer nombre Comunidad Puertorriqueña. Tras el humo y el polvo de las protestas callejeras empezaron a reconocérsele sus derechos de libre asociación, congregación en lugares públicos y a hablar en su idioma vernáculo: el Español. Derechos constitucionales establecidos más de un siglo antes en la Constitución de los Estados Unidos pero que la rampante xenofobia de entonces nos negaba y que hicimos valer como ciudadanos americanos.
La transformación no se hizo esperar. Se empezó a reclutar policías hispanos, surgió el sistema de educación bilingüe, se empezaron a traducir todos los documentos al Español, surgieron las agencias de servicios comunitarios, las emisoras de radio con música puertorriqueña, la Prensa Gráfica de Juan Fuentes, Qué Pasa, El Periódico de Eurípides Ríos, Vanguardia del Licenciado Nati Márquez, este columnista y los doctores Eric y María Victoria Vélez. Llegaron los primeros quincalleros, bodegueros y dueños de tiendas y la vida comunitaria boricua se tornó en un conglomerado cada vez más grande, pero provincial.
Cincuenta años después, ya perdido en la memoria de los que se acordaban, y no habiendo llegado al conocimiento de los advenedizos, el recuerdo de los primeros que se echaron el bacalao a cuestas para formar este colectivo comunal se diluye en el tiempo. Hoy enredados en los fenómenos del urbanismo adolecemos de problemas tan viejos como el tiempo que llevamos aquí establecidos. Entre otros que iremos tratando a través de nuestras columnas en La Voz Hispana se encuentra el problema de los apellidos paterno y materno que prosiguen a nuestro nombre de pila.
Los americanos no entienden esto porque ningún pseudo-líder de los que se han estado pavoneando en las galas y en la política por casi sesenta años ha hecho lo que hay que hacer para que lo entiendan. Cuesta mucho, especialmente a los envejecientes, el hecho de que no se pueda cambiar cheques, viajar a Puerto Rico, sacar pasaporte o recibir beneficios si no se tiene una tarjeta de identificación con retrato. Es triste que a un envejeciente necesitado le cancelen el Medicare porque su nombre en el DSS (el estado) no coincida con el que aparece en el Seguro Social. Son cientos las personas que mandan del Departamento de Vehículos de Motor al Seguro Social para que “arreglen” su nombre de tal forma que se les pueda expedir una tarjeta de identificación (non driver’s licence) con retrato. Ninguno regresa. ¿Saben por qué? Porque habría que quitarse el apellido de la madre, declararse bastardo al quitarse el apellido del padre o usar el apellido paterno como segundo nombre (“middle name”). El que haga esto pierde el nombre legal según se escribe en el único documento oficial que lo rubrica: el Certificado de Nacimiento. Mientras tanto permanecen anulados sin poder identificarse para nada. Y si decidieran cambiar todo aquí, ¿qué pasaría cuando fueran a Puerto Rico con una falsa identidad incompatible con el Certificado de Nacimiento?
Cojamos un caso. Don Julio Elías Franco, envejeciente de 84 años, fue al Departamento de Vehículos de Motor a renovar su tarjeta de identificación ya vencida. Después de revisar su Certificado de Nacimiento le dieron una hoja de cotejo (Information Check List) en la que mencionan los documento necesarios para renovar la tarjeta de identificación. Le anotaron lo siguiente al lado del último encasillado: Other “update @ S.S. office. No M/iv”. ¿Qué dijo? Como terapista e intercesor (advocate) en el complejo residencial de envejecientes que reside don Julio decidí acompañarlo a la Oficina de Seguro Social después de descifrar un poco el galimatías en la nota.
Todavía en el DMV le aclaré al oficial que nos atendía, cual era el nombre legal de don Julio según su Certificado de Nacimiento original. Este lee: Julio Elías Franco. Le señalé que en Puerto Rico se usan ambos apellidos, paterno y materno, después del nombre y que de omitir un apellido estaría falsificando su nombre legal. Allá me sugirieron que si eran dos apellidos había que separarlos por un guión (Ej: Elías-Franco) o de lo contrario el apellido paterno (Elías) constaría como su segundo nombre ( middle name). ¿Quién dijo?
Les expliqué lo mismo en el Seguro Social. Me indicaron que allí aparecía registrado como Julio Elías Franco pero que de acuerdo al récord, Elías es su segundo nombre (middle name). Le señalé que fue en Puerto Rico donde don Julio se registró en el Seguro Social y que allá los que trabajan en el SS son puertorriqueños que entienden las leyes del Registro Demográfico y que saben que el nombre oficial del inscrito figura en el certificado de nacimiento con los dos apellidos. Por otro lado quien único puede cambiar un nombre aquí o allá en la isla es un tribunal de justicia. Todo parecía indicar que la persona con que hablaba al ver los dos apellidos adujo que el paterno, Elías, era su segundo nombre (middle name).
No hubo forma de hacerle entender. La empleada terminó diciéndole a don Julio que tenía que traer, además del Certificado de Nacimiento, otra identificación con foto para poderle cambiar el nombre. Le insistí en que don Julio no se quería cambiar el nombre y que precisamente era una tarjeta de identificación con foto lo que él buscaba porque la suya se había vencido. Al igual que en el DVM le dieron otra lista de cotejo señalándole, ante la ausencia de una segunda forma de identificación, que tenía que conseguir un record médico con su nombre y fecha de nacimiento para poder “arreglar” el asunto. Se quedó en babia. Don Julio nunca supo lo que le dijeron. No puede cambiar su cheque, no puede sacar pasaporte ni puede viajar a Puerto Rico.
El caso de doña Victoria es insólito. A ésta le cancelaron el Medicare porque alegadamente hay una discrepancia sobre su nombre entre el Departamento de Servicios Sociales (el estado) y el Seguro Social. Aunque aparece en el récord que el DSS está pagando por sus primas, el Medicare alega que no. Para arreglar el asunto, según su trabajadora de caso, que es puertorriqueña, tiene que ir al Seguro Social para que le quiten el apellido materno (Benítez). ¿Cómo es que puede el Seguro Social estar cambiando nombres cuando eso solamente lo puede ordenar un juez? ¿Por qué no pueden entender que cambiar el nombre legal de una persona es un delito? ¿Quién va a asistir a los envejecientes para que no los induzcan a cometer el delito de falsa identidad?
Por más de cincuenta años, repito, los puertorriqueños han estado pasando por esta situación sin que nadie haya demostrado sensibilidad por los que lo sufren. Alegados líderes se han ido y otros han venido. Pero, ¿quién ha puesto el oído en tierra para pulsar el sentir de los que pierden beneficios y están aquí sin poder viajar a Puerto Rico porque se les niega la identificación a no ser que se cambien ilegalmente el nombre? Nadie, pero NADIE, en lo absoluto. En cualquier sitio que hubieran habido verdaderos líderes esto no estuviera sucediendo. ¿Para qué las Comisiones, las Casas, los Institutos, las galas, las ceremonias de premiación, los desfiles, los profesionales y sobre todo los políticos?
Esto hay que arreglarlo con marchas, protestas, acciones de clase, contactos con el poder, cabildeo, proyectos de ley y sobre todo con un comité representativo de todas las agencias comunitarias. Hay alguien que tiene en su cartel el crédito por haber organizado la primera marcha comunitaria en esta ciudad, ha demostrado verticalidad en su desempeño y que puede trabajar con la gente. Sobre todo este señor nunca ha puesto lo boricua en un segundo plano y se tira a la calle sin miedo. Esta es una encomienda para un líder y un líder que necesita reivin-dicarse para una encomienda. Este es Eugenio Caro.
Geño, la invitación está sobre la mesa. Vamos a juntar el capital social para que se levante la voz de la justicia a favor de los desventajados.
¡Viremos el saco al revés!
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Nota de la redacción: Si usted ha sido víctima de una situación similar a la que aquí se plantea comuníquese con el señor Juan Brito, editor de La Voz Hispana al (216) 216-6891 o con nuestro columnista Héctor M. Vallines Cabrera al (860) 728-0293.