Por Clark M. Dittborn MEd, MA

Esta serie de artículos los motivan los reclamos incesantes de padres de estudiantes con necesidades excepcionales, retardo mental, desordenes de atención, autismo, desordenes bipolares, u otros con severos problemas de conducta, que ven con preocupación como el sistema de educación de Hartford y sus autoridades, están más preocupados en el cierre de escuelas, y la creación de academias altamente especializadas; que en la instrucción de sus hijos que no pueden competir con las expectativas del reformador Steven Adamowski que ha trasladado a Hartford, con el apoyo del Alcalde Eddie Pérez, un programa que falló estrepitosamente después de cuatro años en Cincinatti.
También motivan estas observaciones las dolorosas quejas de cientos de padres cuyos hijos no están siendo identificados como estudiantes con necesidades excepcionales y que por falta de ayuda y apoyo académico viven cada día la frustración de sentirse distintos a sus demás compañeros ya que por sus discapacidades no pueden aprender.
Finalmente, inspiran estos artículos, la tendencia creciente de este sistema escolar en un ambiente urbano, a obviar e ignorar a estos niños y niñas debido a la existencia de una burocracia integrada por personas de origen anglosajón que perpetúan un proceso injusto que no identifica a los niños con excepcionalidades y no les proveen a los maestros el adiestramiento adecuado y justo para que hagan su trabajo en escuelas la mayoría sin aire acondicionado en los meses de calor, infectadas de polvo y materias nocivas, y que más se parecen a establecimientos educacionales del tercer mundo.
Hace décadas que los expertos hablaban ya de lo contraproducente que era aislar a niños con deficiencias intelectuales, problemas emocionales o mentales, u otras excepcionalidades académicas o físicas, colocándoles en salones alternativos separados de los niños sin estas excepcionalidades.
La ley de educación especial había establecido que una vez identificados estos casos a través de evaluaciones académicas, sicológicas, historias sociales y de desarrollo, o evaluaciones médicas; los equipos de evaluación y programación del plan de educación del niño y en cuyas reuniones deben ser incluidos obligatoriamente los padres del estudiante (SAT y PPT); debían proveerles las mejores oportunidades de aprendizaje en un ambiente de instrucción “lo menos restringido y excluyente posible.”
Estos planes individuales (IEP), de acuerdo a la ley, debían ser reevaluados como mínimo anualmente para que una vez que el niño o niña mostrase una mejora en sus destrezas, pudiese ser reubicado en un salón de clases regular.
Connecticut a través de su Departamento de Educación colocó presión constante sobre las autoridades de los distritos escolares para que fueran disminuyendo el uso de salones pequeños para seis u ocho estudiantes, de modo que lo más rápidamente posible, estos niños fueran integrados, con los recursos y apoyo que fuesen necesarios, al salón regular.
El caso legal “PJ vs. State of Connecticut,” presentado por padres del distrito escolar de West Hartford que exigieron que su pupilo con necesidades excepcionales estuviese en un salón con estudiantes sin estas dificultades; hizo que en junio del año 2001, se llegara a un acuerdo entre las partes que exigía que el Estado apoyara a sus distritos escolares y supervisara en forma estricta el cumplimiento de los estipulado en la Ley Federal para Individuos con Discapacidades, que exige que los niños con necesidades excepcionales sean educados en ambientes no restrictivos, es decir en salones regulares.
En Hartford, y bajo el mandato del Superintendente Robert Henry, los aproximadamente 1,000 estudiantes que habían sido ubicados en programas educativos especiales lejos de la escuela que les correspondía en el vecindario en el que residían y que eran trasladados en autobuses, debieron regresar a sus escuelas regulares.
Entre estos niños y jóvenes había y hay aquellos que sufren problemas para hablar o escuchar, otros con retardo mental, problemas emocionales o conductuales; entre otras excepcionalidades.
Esta transición exigía por definición que los maestros de educación regular recibiesen el adiestramiento adecuado para instruir tanto a los niños y jóvenes con las excep-cionalidades anteriormente descritas, como a los demás estudiantes de su salón.
Era entonces absolutamente indispensable que estos niños contaran también con todo el apoyo necesario para lograr sobrevivir a las nuevas presiones académicas, emocionales y sociales del salón regular y de este modo el así llamado proceso de “inclusión” fuese exitoso.
En Hartford, donde en dos décadas han pasado por el puesto la cantidad inusual de siete superintendentes, muchas veces estos importantes cambios se han hecho en forma deficiente.
Fue si como en septiembre del año 2005, solo a pocos días del comienzo del año escolar, miles de maestros, maestras y personal de apoyo fueron citados a un anfiteatro fuera de la ciudad y allí, en vez de un adiestramiento práctico que debería haber tomado al menos una semana de extensión, una maestra con vocación y aptitudes de comediante contratada por el Dr. Dellamand, en esos tiempos el Asistente al Superintendente en temas de educación especial, proveyó una charla mitad chiste, mitad conocimientos a los maestros a quienes esperaba la dura realidad de enfrentar el proceso de “inclusión.”
La Sra. Cathy Carpino, en ese año presidente del sindicato de educadores alertó de inmediato a las autoridades educacionales acerca de la necesidad de que tanto los maestros de salón regular como los nuevos, recibiesen “la suficiente preparación para lidiar con situaciones totalmente nuevas desde el punto de vista didáctico.”
Del mismo modo la Sra. Milstein, abogada de los niños del Estado de Connecticut, expresó su preocupación por la ausencia de preparación adecuada del sistema de Hartford para iniciar un programa drástico de inclusión acelerada.
Aparte de esa jornada de un día mitad comedia y mitad temas serios, los maestros fueron enviados el año escolar 2005/2006 a enfrentarse con la nueva realidad del proceso de “inclusión.” Por eso, y desde la partida, este plan de inclusión ha fallado en Hartford porque este vital programa requiere la presencia constante de al menos dos educadores en los salones de clases donde haya niños en inclusión.
No debe sorprender que este plan de inclusión en Hartford, haya sido absolutamente deficiente y existan hoy día cientos de niños con excepcionalidades que sufren la angustia y frustración de no contar con suficiente apoyo extra en salones con 23 0 27 estudiantes y con solamente una maestra.
Los maestros de educación especial, de acuerdo al plan ideal de inclusión, son asignados a proveer este apoyo, pero su participación en estos salones de clases es esporádica e irregular ya que dos o tres especialistas, un trabajador social, y a veces personal de apoyo a tiempo parcial; deben multiplicarse para lidiar con crisis y ayudar efectivamente al niño o niña a aprender.
Por esto ha alarmado a los padres el anuncio del señor Adamowski y del señor Pérez, alcalde y a la vez presidente de la Junta de Educación, de eliminar 34 posiciones de maestros de educación especial que de hecho eran parte crucial del personal de apoyo para este proceso de inclusión.
“Estos recortes de personal necesario para ahorrar dinero para las así llamadas reformas de Adamowski, están atentando en contra del espíritu de la ley federal que protege a los niños o niñas con discapacidades,” han dicho padres, estudiantes, dirigentes sindicales y la señora Millie Arciniegas; en numerosas ocasiones y cuando no se han declarado arbitrariamente reuniones ejecutivas secretas (Executive Board Meetings), ardid del señor Pérez para decidir cuestiones importantes sin que la comunidad se entere.
Por otra parte, y debido a la idea de que los distritos escolares urbanos, es decir, Hartford, Bridgeport, Waterbury y New Haven, estarían sobre identificando” niños minoritarios como estudiantes de educación especial; se ha colocado un “red tape” en el proceso de identificación de niños y jóvenes con discapacidades.
“Si una escuela tiene casi un 100% de niños minoritarios debido a la segregación racial que existe en este país, no veo porque se estaría sobre identificando a niños con necesidades excepcionales si es que son los grupos minoritarios los que componen a una de las tantas escuela del distrito,” ha dicho Arciniegas y otros padres que ven con desesperación como sus hijos que han sido retenidos dos o tres veces continúan siendo calificados como “estudiantes que aprenden en forma lenta,” y no cuentan con la ayuda que merecen.
En conclusión, el bien publicitado “programa de reformas del Superintendente Adamowski y del alcalde Perez, esta poniendo obstáculos al proceso de identificación de niños con necesidades excepcionales, negándoles de hecho la ayuda que requieren. Por otra parte los niños ya identificados verán este ano escolar 2008-2009 reducida la ayuda esporádica que se les había entregado a trabes del programa de inclusión debido al corte de posiciones de los maestros de educación especial, las figuras claves en ayudar a los maestros de educación regular a incluir en el salón clases de una manera efectiva a estudiantes con discapacidades.
Recomiendo que se aceleren los procesos de PPT, se acelere la identificación de los estudiantes con necesidades excepcionales, y se escuche a los padres frustrados por largas esperas y numerosas reuniones a las que no pueden asistir.
También recomiendo que se preserven y protejan las posiciones de maestros de educación especial y personal de apoyo y que el Sr. Adamowski y el Sr. Pérez cesen en su tendencia creciente de trasladar recursos públicos a instituciones privadas como C.R.E.C. la que se esta perfilando como la que preverá en el futuro servicios de educación especial con dinero de la educación publica.
Es necesario que los maestros de educación regular y los que recién se integren al sistema, reciban programas serios (y no comedias) de adiestramiento para lidiar con niños con severos problemas conductuales y de aprendizaje.
Por otra parte, es importante que La Junta de Educación mantenga a la Oficina Central de la calle Main en el centro de Hartford como la encargada de asignar recursos y personal para lidiar con el serio problema del mal implementado programa de inclusión.
En la próxima edición hablare acerca del tema del desmantelamiento del programa bilingüe y del intento de Adamowski y Pérez de obligar a niños que no hablan ingles a ser colocados en programas monolingües y tomar exámenes en inglés condenándolos al fracaso.
Nota: Este artículo ha sido traducido para La Voz Hispana de Connecticut por Jonathan Ortiz Santiago.