A comienzos de agosto un puñado de hondureños agobiados por la pobreza partieron hacia Estados Unidos, como todos los años hacen miles de ellos, pero sus sueños se rompieron a medio camino, en un rancho del estado de Tamaulipas, en México, donde fueron masacrados por Los Zetas, una banda de sicarios al servicio del crimen organizado.
Justo el mes que en Honduras se dedica a la familia, de ese grupo de emigrantes hondureños que viajaban a Estados Unidos, al menos 16 murieron, junto a otros 56 emigrantes latinoamericanos. Una matanza que ha vuelto a dejar patente el drama de las decenas de miles de personas pobres, especialmente centroamericanos, que cada año arriesgan la vida para mejorar las condiciones de vida de sus familias, poniéndose en las manos de mafias sin escrúpulos dedicadas al lucrativo negocio del tráfico de personas.
Los cadáveres de estos 16 hondureños fueron repatriados y llegaron a Tegucigalpa en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana el pasado 1 de septiembre, fecha en la que en su país se celebran las fiestas patrias conmemorativas a la independencia de la Corona española, gesta que se remonta al 15 de septiembre de 1821.
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, calificó de "inmensa tragedia" para su país la muerte de estos 16 hondureños y expresó en un breve mensaje a los familiares de las víctimas las muestras de condolencia y solidaridad en nombre del pueblo y de su Gobierno.
La tragedia enlutó a 16 familias pobres de prácticamente toda la geografía de Honduras, mientras se espera la confirmación de la identidad de otros cinco fallecidos que están aún en estudio, según han informado las autoridades hondureñas.
Si las escenas que se dieron en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en el recibimiento de los cadáveres a su llegada a Tegucigalpa fueron desgarradoras, más lo fueron el velatorio y el sepelio casi simultáneo de 12 de los 16 cadáveres en sus comunidades de origen.
Mayor también ha sido la angustia y el dolor de los familiares de cuatro de los 16 asesinados, porque pese a la identificación positiva que se hizo en un principio, los restos de los féretros no coinciden con sus identidades, por lo que el Ministerio Público ordenó mantener los cadáveres en los depósitos de Medicina Forense hasta que se aclare el asunto.
Las familias de estos cuatro cadáveres aún no identificados aceptaron esta decisión porque quieren tener la certeza de que el cuerpo que entierren sea el de su pariente.
HONRAS FÚNEBRES.
Con alguna ayuda del Gobierno, los familiares trasladaron sus muertos a su comunidad de origen para el sepelio, mientras que el Ministerio Público espera las fichas dactilares de 56 de los 72 cadáveres, para ver si eso permitía aclarar la identidad de los cuatro hondureños cuyos nombres difieren con los cuerpos que venían en los ataúdes.
Uno de los casos más conmovedores es el de un hondureño de raza negra cuyo cadáver no aparece. En el ataúd con su nombre venían los restos de una persona de otra raza.
En la aldea El Guante, unos 70 kilómetros al nordeste de la capital, fue enterrado Miguel Ángel Cárcamo, un hombre que tenía 40 años, casado y con cuatro hijos, que subsistía extrayendo arena de una quebrada en Tegucigalpa para la construcción o limpiando cultivos de fríjoles en su comunidad, entre otros oficios de la pobreza.
En su funeral, sus familiares y amigos coincidían en preguntarse por qué habían matado "a un buen hombre", al que admiraban por su humildad y por su búsqueda permanente de trabajo para sostener a su familia.
Cansado de vivir en la pobreza y con el sueño de mejorar su humilde vivienda construida con tablas rústicas de madera y darle una buena educación a sus hijos, Miguel Ángel decidió partir hacia los Estados Unidos, según relató a Efe Reportajes su esposa, Marleny Suárez.
"¿Por qué mataron a un buen hombre? Han asesinado a un hombre humilde, trabajador, quien se fue a cruzar fronteras para que su familia no siguiera en tanta pobreza y vino muerto", expresó a Efe Reportajes, compungido, el suegro de Miguel Ángel, Gustavo Obdulio Suárez.
Miguel Ángel fue enterrado entre el dolor de su gente y una oración por los 72 latinoamericanos asesinados en Tamaulipas.
En Choloma, en el departamento caribeño de Cortés, fue sepultado José Julián Sánchez, un joven que antes de emprender viaje hacia Estados Unidos plantó un árbol que su familia, para honrar su memoria, se encarga ahora de cuidar.
La madre de José Julián relató que su hijo se fue con la ilusión de trabajar en Estados Unidos para "comprar un solar y construir su casa".
En el sepelio de José Julián también hubo oraciones por todos los 72 inmigrantes asesinados y se exigió al Gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, y a Porfirio Lobo, que se investigue la matanza y se castigue a los asesinos.
El padre del emigrante, Julián Sánchez, dijo que su hijo viajó en compañía de su primo Geovanny Hernández, de quien se desconoce el paradero y extraoficialmente se ha informado que puede ser otra de las víctimas hondureñas de la matanza.
Antes del entierro de José Julián, sus amigos y ex compañeros de colegio jugaron un partido de fútbol para despedirlo, porque era amante de ese deporte.
Wilfredo, hermano del fallecido, anotó tres goles para su equipo y se los dedicó a José Julián, en cuyo ataúd colocaron un uniforme de fútbol amarillo y rojo con el que él jugaba casi a diario frente a su casa.
En Siguatepeque, en la región central de Honduras, la pena y la consternación fue a parar a la casa de la familia de Milton Alvarado, de 26 años, que constituye un caso especialmente doloroso.
Milton, un obrero de la construcción, llevaba viviendo y trabajando en Estados Unidos unos cinco años, aunque de manera ilegal, por lo que fue deportado el 6 de septiembre de 2009 a Honduras, según dijo su padre, Miguel Ángel Alvarado.
El joven, indicó su padre, emprendió de nuevo el 6 de agosto el peligroso camino para cruzar de nuevo la frontera de los Estados Unidos. Un "coyote" (traficante de inmigrantes) le iba a cobrar 3.000 dólares por llevarlo hasta Houston.
La madre de Milton, Orfilia Villanueva, indicó que la última vez que hablaron por teléfono él estaba en Villa Hermosa (México) y que le comentó que el "coyote" le tenía todo preparado para llevarlo al país del dólar.
DEPORTACIONES.
Según instituciones privadas, unos cinco mil hondureños abandonan cada mes el país rumbo a EE.UU., un viaje que les hace contraer deudas o les obliga a vender pertenencias para pagar a los "coyotes" que les prometen ponerlos al otro lado del río Bravo, después de una odisea que comienza en Guatemala y sigue por todo lo largo del territorio mexicano.
En lo que va de 2010, unos 34.901 hondureños han sido deportados de Estados Unidos y México, según el Centro de Atención al Migrante Retornado en Tegucigalpa.
Una funcionaria de esa institución, Araceli Romero, dijo a Efe Reportajes que por la vía aérea este año han sido deportados de Estados Unidos 16.118 hondureños, mientras que de México lo han hecho 18.783, por tierra.
"Esta es una historia triste y dolorosa para muchas familias hondureñas", subrayó Romero al expresar su consternación por la muerte de los 16 hondureños que el 22 de agosto pasado fueron asesinados en un rancho de Tamaulipas.
En 2008 el Centro de Atención al Migrante Retornado registró unos 30.000 hondureños deportados de Estados Unidos y unos 28.000 de México.
La búsqueda del "sueño americano" cada año se convierte en dolor para centenares de familias, por los que mueren en el trayecto entre Guatemala y México, y los centenares que sufren amputaciones de extremidades al caer de vagones de trenes en marcha repletos de inmigrantes.
La Casa del Migrante registra entre 2002 y lo que va de 2010 al menos 1.145 hondureños muertos en su intento por llegar a Estados Unidos.
Romero señaló que de cada 100 hondureños que viajan a EE.UU., siete entran legalmente a ese país, el 17 por ciento ingresa de manera ilegal, el 75 por ciento son deportados de México y el 1 por ciento se queda en el camino entre Guatemala y el territorio mexicano.
La media de edad de estos emigrantes es de entre los 18 y 35 años, lo que constituye una importante fuerza laboral que sale del país.
Las autoridades de Tegucigalpa calculan que alrededor de un millón de hondureños vive de manera legal e ilegal en Estados Unidos, desde donde anualmente envían a sus familias en Honduras remesas por valor de más de 2.500 millones de dólares, que equivalen al 25 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
Por Germán Reyes.
EFE Reportajes
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