La Voz de Conneticut

«No tengo los bolsillos sucios ni las manos manchadas de sangre»
Alejandro Toledo, ex-Presidente del Perú

Los trágicos sucesos acaecidos el 5 de junio del 2009, fecha en que se conmemora el día mundial del medio ambiente; día en que el gobierno del Presidente de la República Alan García, ordenó la desocupación de los nativos aguaruna y otras tribus de carreteras en la ciudad de Bagua en el departamento de Amazonas.

Se tuvo que acudir a estas medidas de fuerza por la incapacidad del gobierno de establecer el diálogo y la consulta con los nativos afectados. El resultado es un penoso saldo de cerca de 40 muertes de policías y de civiles y más de 150 desaparecidos.

Los ineptos consejeros que insinuaron que se acallaran las protestas del pueblo con bala y sangre, con la excusa que de este modo harían respetar el «principio de autoridad» ahora están perdidos porque con ello han empujado al gobierno de Alan García a la mayor debacle de su segundo período.

Si bien la protesta de los pobladores del Amazonas se inició en Bagua, se ha extendido a varios otros departamentos como Apurimac, Cusco, Moquegua, Tacna y Madre de Dios. Asimismo, se está organizando, un Paro Nacional los días 7, 8 y 9 de julio próximo en respaldo de las acciones de disconformidad de los indígenas de la Amazonía. Lo único que los nativos persiguen es defender sus derechos, sus territorios, y sus elementos, el agua, las plantas, el aire y la tierra necesaria para la supervivencia de ellos y de toda la humanidad.

El Paro Nacional exige la derogatoria de los decretos legislativos contrarios a los intereses de los indígenas, (decretos 1064, 1090, etc., ley privatizadora 29338 y la de la Convención 169 de la OIT). Además, demanda la anulación del paquete legislativo del TLC con Estados Unidos y las que criminalizan la protesta, levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda en la Amazonía, respaldo al dirigente Alberto Pizango, establecimiento de una Comisión Mediadora para iniciar un diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.

El clamor contra las medidas de represalia ha sido mayoritario dentro del Perú, la Defensora del Pueblo declaró anti constitucionales los decretos legislativos del gobierno y, también internacionalmente desde muchos países del mundo se ha condenado estos atropellos. Así Rigoberta Manchú, dirigente social guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, expresó su indignación por los hechos de sangre que causaron la muerte de decenas de peruanos, en una carta que mandó al Presidente Alan García y dice:

«Con indignación y dolor he sido testigo del giro de los acontecimientos en el Perú a raíz del rechazo de los pueblos indígenas amazónicos a los acuerdos comerciales internacionales, suscritos por su persona violatorios de la Constitución Política, al (Convenio 169 de la OIT y a la Declaración Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas».

La Premio Nobel continuó: «La supuesta conspiración internacional denunciada por su gobierno es una farsa. Los pueblos indígenas sólo están reclamando consulta, participación, respeto a las comunidades originarias y salvaguarda de la naturaleza.»

Igualmente, Menchú demandó a García el cese de la represión en Bagua, el levantamiento del estado de emergencia y el fin de la persecución contra la población y la dirigencia de los nativos, así como una investigación internacional para un esclarecimiento total.

Fue tan abrumador este clamor justiciero que el gobierno del Presidente García y el Congreso anunciaron el 15 de junio, la suspensión de los decretos 1090 y 1064; aunque tardíamente después de cerca de 40 muertos y dos meses de convulsión en la Amazonía. La responsabilidad recae en la arrogancia del Presidente, al desprecio de los ministros por la población indígena, la intransigencia de los líderes nativos y la irresponsabilidad de los congresistas.

Es de esperar que se inicie una etapa de negociaciones con buena voluntad y se resuelvan las demandas justas de un pueblo que reclama el respeto a sus derechos, sus vidas y sus propiedades, que ultimadamente generará el bien general de la nación.