La Voz de Conneticut

La gente se pregunta, ¿y que pasará con Zelaya? Porque la verdad es que se esperaba que a estas alturas ese iba a ser un tema superado. Como quiera que sea no estamos en Mauritania, donde un golpista se hizo elegir para legitimarse sin que la comunidad circundante tuviera gran cosa que decir. Esa es precisamente una diferencia, considerable, entre nuestra región y otras regiones del mundo en desarrollo. Entretanto, la prensa se sigue ocupando del caso hondureño con una especie de sorpresa por no haber podido publicar el esperado titular: «Se restablece la constitucionalidad en Honduras». Ese es el caso en lo que se refiere a la prensa de nuestra región, también en cierta medida a la prensa europea, pero en mucha menor medida, a la prensa de norteamericana.

En efecto, incluso la prensa norteamericana que defiende las reglas constitucionales en Honduras, no cesa de repetir lo que es a todas luces una falsedad: Zelaya buscaba reelegirse en el referendo que trató de organizar. Y lo hacen así porque es más fácil que decir la simple verdad, que parece ser más compleja de lo que aparenta. A saber que Zelaya NO podía reelegirse en ese referéndum, por la sencilla razón de que en esas mismas elecciones se iba a elegir su sustituto.

Puede sí aceptarse que con ese referendo, el presidente Zelaya buscara abrirse las puertas para el futuro, puesto que actualmente la reelección está terminantemente prohibida, aunque se ha puesto lo más de moda (el último en la lista es el nicaragüense Daniel Ortega). Pero lo que dicen esos medios es que Zelaya «quería perpetuarse». En realidad, lo que se consigue con esas afirmaciones es inhabilitar al presidente hondureño, no por él mismo, sino por Chávez (también mencionan a Ortega, pero como se sabe, la influencia del presidente nicaragüense en la región no es muy significativa).

En esa misma línea, se manifiestan algunos «think tank» norteamericanos especializados en temas latinoamericanos, que no vacilan en calificar a Zelaya de «antidemocrático», sin aportar la más mínima prueba del alegato (¿cuántos presos políticos había en Honduras bajo Zelaya? ¿Cuántos muertos por razones políticas? ¿Había o no en curso un debido proceso democrático electoral?). Pero sin duda que las presiones hacia la derecha obligan a analistas que en principio deben ser más objetivos, como Michael Shifter, de Diálogo Interamericano (Washington), a seguir sustentando que Zelaya ejercía «un gobierno no democrático».

De hecho, lo que está en discusión en Estados Unidos es si se le aplica una derrota contundente al «expansionismo bolivariano». Probablemente esa estrategia tiene sus seguidores hasta en la actual administración pero obviamente cuenta con el respaldo abrumador del estamento Republicano, que «da la cara» parcialmente, pero como tampoco entienden bien el problema, optan por dejar que el popular grupo de legisladores cubano-americanos de La Florida haga el trabajo de intentar legitimar ante la opinión pública norteamericana un habitual golpe de Estado. Lo de «popular grupo» es porque aunque a muchos no les guste ellos lo demostraron ganando fácilmente sus reelecciones en noviembre de 2008.

Esa tarea no es demasiado complicada. Para el norteamericano promedio, lo que pase en Honduras (o en cualquier otro país de importancia similar) no es realmente importante, ni afecta su vida. De Chávez, por ejemplo, sí oyen hablar a menudo, y mal. De manera que tienen una opinión aproximada, en sentido general negativa. A ellos, como tampoco al gobierno norteamericano, no les importa si el presidente venezolano ayuda a sus vecinos menos favorecidos y si las cosas que dice a menudo no tienen ninguna consecuencia práctica. Para decirlo como lo hacía mi abuela, para los norteamericanos en general, Chávez «es un fresco», no es un amigo y si se dice que él está detrás de una de las partes en Honduras, esa es pues la parte «mala».

Esa es una cara del asunto y lo lógico es que siguiendo el estado de ánimo nacional en el momento, la administración norteamericana debería echarle tierra al tema, y a otra cosa. Pero así como el gobierno ha debido vencer objeciones para decretar que la prisión de Guantánamo debe ser cerrada (tiene en contra a buena parte de los familiares de las víctimas del acto terrorista del 11 de septiembre) a partir de una posición de principios, que se corresponden con los fundamentos de la nación norteamericana, en esa misma línea no puede «hacerse el loco» cuando se cierne la amenaza de nuevos golpes militares e inevitables respuestas populares que pueden sí convertirse en amenaza para los intereses norteamericanos.

El asunto sigue y seguirá complicado, porque mientras la secretaria de Estado llame a Micheletti y le advierta sobre las funestas consecuencias que tiene la obcecación del grupo golpista hondureño, y no solamente para Honduras, sus asesores norteamericanos (según algunos medios, pagan 500 dólares por hora a un antiguo asesor de Clinton), seguramente les aseguran que mientras Estados Unidos no certifique que efectivamente hubo un golpe militar en Honduras, habrá «una situación molesta» y que de todas maneras, si «aguantan» hasta noviembre y las elecciones, el pleito estará ganado y «Chávez derrotado». Ese sería un espectro peligrosísimo, especialmente para la vulnerabilidad centroamericana, y es un lujo que no se puede permitir la administración de Obama.