La Voz de Conneticut

El columnista David Brooks (NY Times), que no es un hombre de izquierda opina que el incremento del número de hispanos y la preeminencia que se le anuncia al español de aquí a 40 años en los Estados Unidos es una razón que puede estar impulsando el sentimiento de xenofobia cuyo reflejo mayo quedó evidenciado con la aprobación por el congreso de Arizona, de una ley que autoriza a la policía a arrestar a todas aquellas personas sospechosas de estar ilegalmente en territorio norteamericano.

El presidente Obama ha rechazado ese intento de subvertir los valores que caracterizan a la sociedad norteamericana, calificando de irresponsables a sus promotores, porque estos saben perfectamente que la implementación de esa ley consistirá en recoger a «todo oscurito» que camine por las calles y le pase cerca a un policía. Obama pues, como habitual, sigue siendo fiel a sus principios.

Lo lastimoso de este asunto es que el senador John McCain, quien pudo haber sido electo presidente de Estados Unidos por defender una plataforma que incluía el respeto a los inmigrantes, ahora, amenazado más a su derecha por el intolerante estamento de los Tea Party, haya terminado por ceder a esas presiones, desdecirse de sus viejos y acendrados principios y haga el juego de los «blancos rabiosos» que en oposición a Obama no vacilan ahora en combatir todo lo que sea diferente a sus particulares ideas acerca de lo que debe ser Estados Unidos en el siglo XXI.

McCain aspira a un nuevo mandato como senador, algo que él merece. Por su indiscutible «peso especifico» y por haber sido durante muchos años expresión de la decencia política. Ahora, asustado ante la posibilidad de que un «no se sabe quien» aparezca impulsado por una ola particularmente reaccionaria pero efectiva y amenace su posición de senador, opta por salir defendiendo lo indefendible.

Aunque esa ley, ya firmada por la gobernadora republicana de Arizona (es lógico que lo hiciera pues nunca ha estado «a la izquierda» de McCain y es más bien parte del núcleo duro derechista del partido Republicano) solo concierne a ese Estado, defensores de los derechos humanos de los inmigrantes (no solamente los hispanos serían afectados) temen que «la enfermedad sea contagiosa» y se extienda a otros estados susceptibles de ser influenciados por una propaganda que atribuye a los extranjeros la responsabilidad por las peores de sus calamidades.

En Estados Unidos ese tipo de ley no es común, pero sí lo es en Europa, donde la policía fácilmente tipifica, de manera que generalmente las personas no obviamente nacionales (sobre todo si son oscuros de piel) son el blanco favorito de este tipo de acción. Pero los países europeos no son caracterizadamente tan multinacionales como lo es Estados Unidos.

Generalmente es la misma policía en los estados norteamericanos la que se opone a este tipo de regulación, porque considera que siendo su misión la de garantizar el orden y proteger a la ciudadanía, si se convierten en agentes de migración, limitan considerablemente su interacción con un segmento cada vez mayor de la población. No solamente los indocumentados se negarían a colaborar con la policía en su trabajo propio, sino incluso los extranjeros en situación legal, temerosos de que alguna confusión pueda afectar su estatus.

Por bochornoso que sea para la buena conciencia norteamericana que los congresistas estatales de Arizona (especialmente Republicanos) se hayan atrevido a aprobar tal ley y que la gobernadora (Republicana) la haya firmado, dos consecuencias se desprenden automáticamente y una de los dos es positiva.

La primera tiene que ver con la necesidad de que el Congreso norteamericano (los Demócratas) se ponga en serio a trabajar para aprobar una ley que debilite la ambigua situación existente y que tiende a penalizar a los inmigrantes, pues pese a que su mano de obra es buscada y utilizada, el limbo en que viven les hace sujeto de constante abuso de quienes les utilizan para producir riqueza. En ese sentido, la barrabasada de Arizona puede presionar para que el Congreso no siga de «remolón» en ese tema.

Pero también presiona el destino político de algunos congresistas, como el líder Demócrata del Senado, Harry Reid (Nevada) que cuenta con los votos hispanos para resistir una fuerte arremetida en su contra de los Republicanos y el Tea Party. Reid había prometido a su fuerte base hispana que trabajaría a favor de una reforma migratoria y eso todavía está por verse. Irónicamente, John McCain (junto a Ted Kennedy) encabezó el último esfuerzo serio por hacer aprobar una ley migratoria.

Lamentablemente, una reforma migratoria no es la única pendiente para el gobierno de Obama, en la víspera de unas elecciones de renovación al Congreso que se anuncian difíciles para los Demócratas. También está la reforma financiera, que busca imponer orden en el mundo bancario después del desastre que tanto dinero costó a los contribuyentes. Además, una importante promesa de campaña, que forma parte de las convicciones personales del presidente Obama es la regulación del papel que juega la industria norteamericana en el calentamiento global. Sin hablar de una posible batalla para la designación de un(a) nuevo(a) juez(a) a la Corte Suprema.

La segunda consecuencia es que los Republicanos de alguna manera deberán pagar electoralmente por lo de Arizona. Por muchos esfuerzos que hagan, esa ley es de ellos y queda asociada a ellos. Pero quizás en los cálculos Republicanos es preferible no dejar escapar a su base más conservadora, aglutinada ahora en los Tea Party, que tratar de atraer un electorado, el hispano, que en principio les es refractario. De todas maneras es posible que la famosa ley nunca se aplique, tanto por las demandas judiciales que provocará, como por el temor de las autoridades de Arizona de cometer un error que les ponga en la picota nacional. Todo el mundo recuerda que ese mismo estado se negó a celebrar el día de Martin Luther King y solo cedió cuando le amenazaron con enviar para otro estado el Super Bowl del 2008.