La Voz de Conneticut

El alcalde de Phoenix ya dice que el asunto de la famosa ley aquella le va costar más de $90 millones en los próximos cinco años en la medida en que eventos que se iban a realizar allí han sido suspendidos y otros están pendientes para ver si la ley es derrotada antes de aplicarse. Por otra parte, la universidad mexicana UNAM, la principal de ese país y una de las más prestigiadas de toda la América Latina, ha decidido poner fin a su colaboración académica con la universidad de Arizona, al considerar que no podía poner a sus estudiantes becarios mexicanos, en peligro de ser atropellados por una policía que según la ley aprobada en ese estado norteamericano, tiene el derecho de exigir documentación a todas las personas de las que “razonablemente” sospeche que son indocumentados.

Resulta pues que la policía de ese estado está potencialmente autorizada a dedicarse a perseguir indocumentados en desmedro de su trabajo original, que es preservar la seguridad ciudadana. ¿La seguridad ciudadana? Eso quiere decir que según los legisladores Republicanos de ese Estado, toda persona “pasada de color”, pero sin ser totalmente negra (para no meterse en más líos racistas) puede ser “razonablemente” considerada una amenaza para la seguridad ciudadana.

Pues bien, todo el “tejemaneje” en torno a la ley de Arizona, les ha costado bastantes dolores de cabeza a los fabricantes de una bebida refrescante que tiene el mismo nombre, Arizona, pero que fue creada y se produce en Brooklyn, Nueva York. Los dueños no tienen la menor relación con el estado de la ley antiinmigrantes. Problemas similares tiene el equipo de béisbol de ese estado, cuyos propietarios también han protestado por esa ley, dado el alto número de peloteros “inmigrantes” que tienen y sus familiares. Y en manifestación solidaria, el equipo de básquetbol “The Suns”, salió a jugar con franelas que decían “Los Suns”.

El asunto se ha “aguado” un poco gracias a la conmoción creada por el intento de un fanático de origen pakistaní de hacer estallar un carro lleno de explosivos en Times Square. Pero claro, ese tipo de problemas, a saber, que terroristas atenten contra vidas en ciudades como Nueva York, no es tan importante para los legisladores de Arizona que aprobaron la ley, para quienes el “peligro” proviene de los recogedores de frutas o trabajadores de la construcción que andan sin papeles porque son ilegales.

Claro, para no caricaturizar, hay que aceptar que al menos la extraordinaria decisión de los congresistas Republicanos de Arizona, podría finalmente tener la virtud de motorizar un esfuerzo nacional para forzar al Congreso federal a plantear una salida a la engorrosa situación que afecta, directamente a más de 15 millones de indocumentados, pero indirectamente a segmentos muy significativos de la sociedad norteamericana, con altos niveles de dependencia frente a esos indocumentados, la aplastante mayoría de los cuales viene a este país, a trabajar como condenados con tal de ganarse un espacio digno.

En otros estados, como Nueva York, a la legislatura no se le ocurriría, probablemente ni siquiera a los Republicanos, convertir a la policía en cuerpo especializado para perseguir indocumentados. Es más, la idea es que mientras menos se mezclan los policías con esas tareas, más fácilmente consiguen ayuda de la gente para combatir el crimen.

Un influyente senador por Nueva York ha escrito a la gobernadora Republicana de Arizona, pidiéndole que “congele” por un año la puesta en práctica de la política antiinmigrante y así dar tiempo al Congreso a producir una ley que lidie con el tema. Es probable que ese “pie de amigo” permita a los Republicanos de Arizona “salvar la cara”, posponer el asunto y pasar a aplicar los correctivos necesarios para aliviar la tremenda presión que desde el resto del país ha llegado a Arizona por culpa de la famosa ley.

Entretanto, los aparatos de seguridad norteamericanos, a los que el tema de la migración ilegal no les quita tanto el sueño, están ocupados tratando de determinar el alcance del fallido acto terrorista de Times Square, porque necesitan saber, entre otras cosas, si el fracaso se debió solamente a la buena suerte y a la vigilancia preventiva de la gente.

Y como la sociedad norteamericana está compuesta de contrastes, no es de extrañar que legisladores nacionales que han apoyado la famosa ley de Arizona contra los inmigrantes, días después del atentado fallido de Times Square, se hayan negado a respaldar una propuesta del alcalde Nueva York, para que quienes están en una lista negra de terroristas, no se les permita adquirir armas. Porque por curioso que pueda ser, cualquier terrorista puede presentarse a una de esas ferias de armas que pululan en ciertos estados norteamericanos y adquirir el arma que le interese.

Y eso se debe a la oposición de principio, de organizaciones y personas a que nadie ponga cortapisas al derecho sagrado de comprar armas de fuego. De manera que esos terroristas en ciernes, no pueden subirse a un avión, pero sí pueden comprarse un AK47. Eso no lo entiende el alcalde Nueva York y lo mismo debe ocurrir a muchísima gente en Estados Unidos, aunque defiendan su derecho a comprarse su arma de fuego.