La Voz de Conneticut

Lindsey Graham, senador Republicano de Carolina del Sur, es una especie rara: viene de un estado del sur conservador, sin embargo, es uno de los pocos senadores de la oposición con quienes los Demócratas logran hacer acuerdos. Fue, junto al senador de Massachusetts John Kerry, autor de un proyecto (que finalmente no ha prosperado) de ley sobre energía y, al mismo tiempo, ha sido promotor de una reforma migratoria generalmente favorable para los inmigrantes.

Sin embargo, ese mismo senador es el que ha puesto sobre el tapete el tema de los llamados “bebés anclas”, refiriéndose a los nacidos en territorio norteamericano al poco tiempo de la llegada de la madre, generalmente de manera ilegal, al territorio norteamericano. Según estudios universitarios, unos 4 millones de niños nacidos en Estados Unidos tienen uno de los padres ilegalmente establecido en el país (población total: 310 millones). Esos mismos estudios indican que la gran mayoría de las mujeres ilegales que alumbran en hospitales norteamericanos no vinieron a eso: ya estaban aquí.

La propuesta de Graham tuvo un efecto inmediato e hizo olvidar parcialmente el asunto de la famosa Ley de Arizona al tiempo que ha reactivado el debate en torno al tema migratorio. Algunos de los amigos de ese senador sugieren que su propuesta de modificar la enmienda 14 “para despojarla de su ambigüedad”, no es más que resultado de su exasperación ante la desidia ambiental en torno al asunto migratorio.

Y lo que al comienzo parecía ser uno de esos balones de ensayo veraniegos, se ha convertido en un tema tan candente que no se descarta que efectivamente el Senado inicie, después del receso estival un proceso de audiencias públicas para discutir el tema y la pertinencia de, como dice el legislador hispano José Serrano, de modificar por primera vez la constitución, para quitar derechos adquiridos.

Con excepción de Canadá (donde no llegan tantos inmigrantes), Estados Unidos es el único país del mundo desarrollado que reconoce el jus solis como único requerimiento para la ciudadanía. Dependiendo del punto de vista, esa característica es una ventaja o desventaja. Para quienes defienden esa práctica que remonta al 1868, una de las razones de la grandeza de Estados Unidos es precisamente su política de puertas abiertas, que incluye el reconocimiento de ciudadana a todos quienes nacen en su territorio. Para quienes se oponen, no se puede estar dando la ciudadanía a quienes en muchos casos ni siquiera se quedan a vivir en Estados Unidos. Lo primero es un hecho, lo segundo es una suposición.

Muchas ideas están lloviendo sobre el tema de la 14 Enmienda, lo que anticipa que posiblemente tengan finalmente lugar las audiencias en el Senado y como ahora se vive en un período electoral, cualquier barbaridad puede ocurrir, como por ejemplo que hasta se apruebe una ley para modificar la Enmienda. Esto así, porque las encuestas dicen que la mayoría de los norteamericanos está de acuerdo con algún tipo de medida que frene la inmigración ilegal. Esas mismas encuestas indican que la solución más aceptable es la de regularizar tanto la situación de los ilegales, como la entrada a territorio norteamericano.

En otras palabras, ni siquiera excesos como los de Arizona son aceptados en el peor de los sentidos. Pero el problema es que en medio de una crisis cuya mitigación no es obvia, el eslabón más vulnerable, aún sea solamente para fines politiqueros, es el de los inmigrantes ilegales, aunque en fin de cuentas, terminan siendo todos los inmigrantes.

Aunque no hay datos que lo confirmen, muchos norteamericanos siguen creyendo que los inmigrantes quitan los puestos de trabajo a los nativos. Esa idea está muy extendida incluso en aquellos lugares duramente afectados por el desempleo y donde no hay prácticamente inmigrantes.

El debate no se va a parar porque alguien tiene que ser culpable. Un estudio reciente de un economista italiano profesor de la Universidad de California (Davis) sostiene que “en tiempos de crisis la inmigración tiene un efecto negativo en el empleo de los nativos, debido esencialmente a que el sistema de inmigración no es suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades laborales del mercado”. Esa verdad de academia no hace más que complicar el cuadro pues, como se ve, se trata de un problema con varias cabezas, pero el argumento sirve de maravillas a quienes abogan por hacer modificaciones que limiten la inmigración y al mismo tiempo supriman el derecho automático a la ciudadanía.

Para algunos liberales norteamericanos, el daño es irreversible y lo que desean ahora es limitar su alcance. Y solo hay que imaginarse que si los académicos comienzan ya a hacer concesiones para copiar algunos modelos extranjeros (en Francia, cuando ninguno de los padres es francés, el hijo nacido en ese territorio tiene la opción de solicitar la ciudadanía al llegar a la mayoría de edad) introduciendo mejorías (no es necesario que ninguno de los padres sea ciudadano, puede ser solamente residente y la edad pueden ser los 10 años de “vida ininterrumpida” en territorio norteamericano), ¿qué puede esperarse de legisladores preocupados por votos y sintiendo que la marea va en el sentido de restringir los derechos de los inmigrantes, ilegales o no?