DANBURY. La población carcelaria de Connecticut en su lucha contra el coronavirus, vio como un hombre de 57 años perdió la vida sin que haya respuestas por parte del Gobernador sobre indultar a presos en riesgo mortal por sus antecedentes de salud.
En menos de 24 horas después de que un juez estatal desestimara una demanda exigiendo la liberación de prisioneros vulnerables a enfermarse gravemente si contraían el virus, el Departamento de Corrección de Connecticut (DOC) anunció que un interno con afecciones de salud había muerto por complicaciones debido al COVID-19.
El recluso muerto, un hombre de 57 años, cumplía una condena de 22 años por robo en primer grado y había sido encarcelado en el 2002, dijo el DOC en un comunicado que no identificó al individuo.
Las autoridades, acorde con el DOC, transfirieron al interno después de que comenzó a mostrar síntomas de COVID-19 el pasado 15 de abril, pero lo llevaron al Hospital Johnson Memorial cuando su condición empeoró durante el traslado, dijo el DOC en un comunicado de prensa.
Las estadísticas estatales que hablan del número de personas que han perdido la vida luchando contra este virus mortal es un número difícil de procesar porque la realidad es que es mucho más que un número: “son seres humanos con familias que los aman. Extiendo mis sinceras condolencias a esta familia”, indicó el comisionado del DOC, Rollin Cook.
La muerte de este hombre confinado es la segunda relacionada con el coronavirus reportada en una prisión de Connecticut. Otro recluso, también con problemas de salud subyacentes, murió a principios de este mes.
La noticia de la muerte de los reclusos del sábado se produjo inmediatamente después de la desestimación de una demanda que solicitó al tribunal que ordenara al gobernador Ned Lamont y al comisionado Cook tomar medidas de emergencia para proteger a la población carcelaria de Connecticut del coronavirus.
Un juez estatal desestimó la demanda el viernes por la noche, anunció el Director de American Civil Liberties Union (ACLU), en tanto que el Departamento de Corrección no comentó sobre la acción judicial del sábado “basado en un litigio activo en la corte federal”, escribió la portavoz Karen Martucci, en un correo electrónico.
Una declaración de la ACLU de principios de este mes describió la demanda, que la ACLU presentó en el Tribunal Superior de Connecticut el 3 de abril.
Además de liberar a los reclusos vulnerables, la ACLU solicitó al estado que libere a las personas “detenidas antes del juicio por cargos menores o cantidades de fianza bajas, detenidas únicamente por violación técnica de libertad condicional o libertad condicional, elegibles para confinamiento en el hogar o liberación supervisada, o dentro de seis meses después del final de su condena “y presentar un plan para proteger a los que permanecieron encarcelados.
La organización condenó la decisión del juez de desestimar la demanda. David McGuire, director ejecutivo de ACLU of Connecticut, lo calificó como una “decisión cruel” en un comunicado disponible en línea.
“Nuestros corazones están con los seres queridos de las personas encarceladas, a quienes el Estado continúa poniendo en peligro desde que inició el contagio del COVID-19. No dejaremos de pelear, y estamos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para exigir que el gobernador Lamont y el comisionado Cook cumplan con su obligación constitucional y moral de proteger a las personas encarceladas de COVID-19”, dijo Dan Barrett, director legal de ACLU of Connecticut y abogado del caso, según el comunicado.
La oficina del gobernador Ned Lamont declinó hacer comentarios sobre la demanda.