Federales tratan de “forzar” a oficiales para que cooperen con ICE

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…evitando así restricciones en concesiones

NEW HAVEN.- El gobierno de la ciudad está argumentando que el gobierno federal se encuentra inapropiadamente tratando de “forzar” a los oficiales locales para que cooperen con los agentes de la oficina de “Inmigration and Customs Enforcement(ICE)” en un caso pendiente ante la Suprema Corte, amenazando de esa forma a la ciudad con restricciones en sus concesiones si no proceden de esa manera.

El alcalde Justin Elicker, anunció el lunes que la ciudad se ha adherido a Nueva York  v.  Departamento de Justicia de los Estados Unidos, caso No. 19-267, que desafía el poder del gobierno federal para “exigirle  a los que  aplican para los fondos Byrne Criminal Justice Assistance, con ciertas condiciones relacionadas… al reforzamiento de las leyes de Inmigración”

“Más explícitamente, el Departamento de Justicia, está requiriéndole a los que aplican por los fondos Byrne Criminal Justice Assistance  a (1) estar de acuerdo con las leyes federales que prohíben restricciones en la comunicación de la información sobre el estado migratorio con autoridades federales; (2) proveerle a las autoridades federales, cuando les sea pedido, las fechas de ex –carcelación de personas indocumentadas; y (3) permitirle a los oficiales Federales de Inmigración  tener acceso a inmigrantes indocumentados encarcelados en las facilidades penales,”, dijo Gage Frank, portavoz de la ciudad, en un documento dado a conocer.

La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Segundo, previamente encontró que el Departamento de Justicia tiene el poder de imponer esos requerimientos en disputa. Frank dijo que el caso está ahora bajo la Corte Suprema.

Elicker dijo que el Fiscal General William Barr y el Departmento de Justicia “no deberían estar influenciando la necesidad de los fondos de subvenciones para forzar nuestras ciudades y nuestras entidades locales y estatales a moverse en coordinación con los oficiales de inmigración.”

“Esto es simplemente anti- ético. En tiempos en que necesitamos estar apoyando nuestras municipalidades, no deberíamos usar opiniones divisibles de algunos pocos para impactar más adelante los fondos de los cuales dependen muchos pueblos y ciudades,” dijo Elicker.

Siete estados, incluyendo Nueva York y Connecticut, demandaron al Departamento de Justicia en el 2017, después de que anunciara “que podría retener dineros de subvenciones de ciudades y estados hasta que éstos les permitieran libre acceso a las prisiones a autoridades federales de inmigración, como también, proveerles de noticias en avance cuando alguna persona que se encuentra ilegalmente en el país, va a ser puesta en libertad,” de acuerdo Prensa Asociada.

Antes del 2017 “ a las ciudades y estados que aplicaban por fondos de subvenciones solo se les requería demostrar que no estaban previniendo la comunicación entre los agentes de la ley locales con autoridades federales acerca del estado migratorio de las personas que estaban detenidas”, de acuerdo a Prensa Asociada.

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