LA EPIDEMIA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL -(Conclusión)

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Cuando se descubre el abuso sexual hacia un niño/a necesariamente implica consecuencias graves para él/ella y para todo el grupo familiar y social. Según cómo se aborde impactará en la protección que se le podrá brindar a ese niño/a y también en el pronóstico de su recuperación. Un caso que es detectado tempranamente, abordado desde el inicio por especialistas, con una amplia contención familiar que le permite al niño/a sentir que es creído y protegido, es diametralmente opuesto al de un caso que se detectó tardíamente, sin la intervención de especialistas y/o con un entorno familiar que no le cree al niño/a y sin la capacidad de brindarle soporte.

Todo adulto que tome conocimiento de un abuso sexual hacia un niño/a tiene la obligación de denunciar, máxime cuando se trata de un profesional de la salud, docente o funcionario público, pues tienen la obligación indelegable de actuar frente a la posible comisión de un delito contra la integridad sexual de un niño/a. Quien no actúa se convierte en cómplice del delito.

Ante la revelación o el develamiento de un hecho de violencia sexual hacia un niño/a será importante tener en cuenta los siguientes pasos para lograr un adecuado abordaje que garantice la protección e integridad del niño/a.

Pasos a seguir para lograr un adecuado abordaje:

  1. La escucha adecuada
  2. La denuncia
  3. La asistencia inmediata
  4. Las medidas de protección
  5. El Proceso de Justicia

La primera recomendación que debemos hacerle al adulto protector es que preste mucha atención a los pasos del proceso tanto civil como penal. El objetivo es que esté preparado para poder seguir muy de cerca todos los pasos y sugerencias que esta guía le ofrece. Los procedimientos y buenas prácticas que explicitamos no siempre se respetan, por lo tanto, es importante que tanto la víctima como el adulto protector conozcan como deben ser realizadas para poder exigir que se cumpla con las mismas.

Recomendamos, entonces, que deben acompañar a sus abogados/as, preguntar, observar, reclamar, estar siempre presentes, pero por sobre todo saber que se debe hacer y que no es adecuado, para poder exigir las acciones correctas.

La segunda recomendación se vincula al hecho que iniciar estos procesos será una tarea ardua, muchas veces se sentirán desalentados/as o confundidos/as, pero es importante seguir adelante, asesorarse con los profesionales adecuados y tener siempre presente que están haciendo lo correcto y que sus hijos o hijas necesitan que la justicia sancione e intervenga porque se ha cometido un delito.

La ley no solo habilita, sino que impone la obligación a toda persona que desde el ámbito público o privado haya tomado conocimiento de los hechos de violencia familiar o tenga sospechas sobre su ocurrencia.

Esta obligación no pesa sólo sobre las personas que tienen a cargo a los niños (padres, madres, tutores o encargados de la guarda), sino también sobre cualquier persona que tome conocimiento de la situación o tenga sospechas sobre su ocurrencia, ya sea del ámbito público o privado, en especial: empleados y funcionarios públicos de organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia, maestros y docentes, profesionales de la salud.

El primer organismo interviniente debe denunciar, sin la necesidad de cumplir condición alguna, como por ejemplo el pedido de autorización a un superior jerárquico. Para formular la denuncia, no se requiere asistencia letrada obligatoria –aunque la misma es deseable-.

La sospecha de abuso puede estar fundada en indicadores específicos y/o inespecíficos pues puede haber violencia con independencia de la configuración de delito. La denuncia debe hacerse ante las dos posibilidades: si hay hechos de violencia y/o si hay delito. En el primer supuesto, intervendrá la justicia de familia en el fuero civil. En el segundo, la justicia penal conjuntamente con la justicia de familia.

La denuncia civil, tiene como objetivo la protección de la víctima y de su familia. A través de esta denuncia se obtienen las medidas civiles de protección con la finalidad de preservar la integridad del niño/a y el cese del contacto con su posible agresor. La denuncia penal tiene, en cambio, como principal objetivo la investigación del delito y la sanción del agresor. En particular en los casos de abuso sexual intrafamiliar hacia niños y niñas la realización de la denuncia civil es clave y fundamental como medida urgente para brindar protección al niño/a, aquellos organismos en donde se recibe la denuncia civil tendrán, a su vez, la obligación de dar intervención al fuero penal por tratarse de un delito contra la integridad sexual. Esto debe ser verificado y concretado.

Con este tercer artículo damos fin a la serie sobre abuso sexual infantil. Favor, déjeme saber si esta serie le ha sido de ayuda o si hay algún otro tema de su interés que usted desee sea publicado.

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